El vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón, Vicent Aparici, ha defendido este martes ante la sección primera de la Audiencia de Castellón que ningún técnico le informó de que existiera algún tipo de irregularidad en el vertedero del Garrut, en la Vall d'Uixó (Castellón), en la época en la que era alcalde de esta localidad, y ha insistido en que él es "político" y "no técnico".

Aparici ha acudido a prestar declaración ante el tribunal tras ser acusado por la Fiscalía de autorizar el vertido de residuos en un vertedero no autorizado en la etapa en que era alcalde de Vall d'Uixó. El ministerio público solicita para él y para los entonces concejales de Obras Públicas y Urbanismo del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó, Alfonso López y Enrique Segarra, respectivamente, dos años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público por un periodo de 8 años por un delito de prevaricación.

Asimismo, el ministerio público demanda para el vicepresidente de la Diputación y para el representante de la mercantil a la que autorizó el vertido de residuos —Marcelino Carretero S.L.— 20 meses de multa, con una cuota diaria de 30 euros, y arresto de 20 fines de semana por un delito de establecimiento de depósitos o vertederos de residuos tóxicos o peligrosos.

Aparici ha reiterado en el juicio que no adoptó ninguna medida sobre el vertedero del Garrut porque no recibió ningún informe técnico en el que se hicieran constar irregularidades. Ha afirmado que este asunto no lo controlaba él, sino los técnicos autorizados para ello.

Ha explicado que existía un pliego de condiciones para la empresa que se encargaba del vertedero y que los técnicos informaban si éstas no se cumplían. Como ellos no dijeron nada al respecto, "no hicimos nada", ha señalado.

Aparici, que ha indicado que a pesar de no haber detectado irregularidades tenía la voluntad política absoluta de clausurar este vertedero, ha indicado que según su conocimiento el vertedero no tenía en ese momento problemas graves.

Por su parte, uno de los guardias civiles que ha declarado ante el tribunal ha especificado que en una primera inspección al vertedero se percató de que no había ninguna persona que controlase los vertidos —tal y como sí había señalado Aparici— y que había basuras "de todo tipo", incluso vertidos industriales. En una segunda inspección, en el año 2003 y con otra empresa encargada, ha señalado que ya había una persona controlando el acceso y los residuos, y que la zona había mejorado.

Relato fiscal

Según el fiscal, Vicente Aparici, en su condición de alcalde de La Vall d'Uixó entre junio de 1995 y junio de 2003, autorizó a la mercantil Marcelino Carretero S.L. para que, de manera periódica, efectuara vertidos y depósitos de todo tipo de residuos industriales y domésticos en un vertedero no autorizado ubicado en la partida Garrut, el cual no contaba con autorización municipal ni licencia, ni estudio de impacto, ni condiciones que pudieran limitar los efectos nocivos para el ecosistema o la salud de las personas.

Los vertidos que se efectuaban contenían sustancias catalogadas como tóxicas y peligrosas, algunas directamente como los metales pesados y otras de manera indirecta al mezclarse entre sí.

El fiscal indica que el proceso continuado de dichos vertidos ha provocado de manera reiterada y continuada la producción de lixiviados durante un largo periodo de tiempo que, de manera sistemática e invariable, han tenido por destino final el cauce del barranco del Garrut, afluente del río Belcaire, donde en ocasiones, junto con otros caudales, ha seguido su discurrir hasta la desembocadura en el mar Mediterráneo y en épocas de sequía ha ocasionando filtraciones en el subsuelo, afectando de manera grave al equilibrio de los sistemas naturales y a la salud de las personas expuestas.

En muestras tomadas en noviembre de 1999 y en mayo de 2002 se detectó la presencia de diferentes contaminantes. Así, se constató la presencia de cromo, boro, sólidos suspendidos, cloruros, amoniaco, entre otros.

Los efectos del vertedero, aunque actualmente en desuso, siguen produciéndose y se seguirán produciendo durante un periodo de tiempo no determinado sin que sea posible concretar su grado de reversión, señala el fiscal.