El consejero de Justicia, Manuel Campos, anticipó hoy en Cartagena, que contará sólo con los 70 millones de euros que prevé que le transferirá el Estado para sostener la gestión de estas competencias en 2011, sin aportación de recursos propios, y que la única inversión concreta con la que cuenta es la de finalización de la segunda fase de la Ciudad de la Justicia de Murcia, con 17 millones de euros de procedencia estatal.

Campos presentó hoy en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Regional unos presupuestos de su departamento de nueva creación, en los que no se incluyen estos 70 millones porque están sujetos al cierre formal del acuerdo de transferencias de las competencias, a asumir el 1 de enero de 2011. "Esa partida estará disponible en esa fecha, mediante una generación de crédito que se incorporará al presupuesto", indicó.

En el acuerdo se atribuye al Estado el pago de las nóminas del personal durante el primer semestre, ya que en el segundo será la Administración regional la que se haga cargo.

El gasto corriente lo pagará la Comunidad durante todo el año y en cuanto a las inversiones, sólo se dispone de dos millones de euros de remanente por si es necesario "priorizar alguna actuación antes de que acabe 2011", según Campos.

La Administración regional contará también con otro pellizco de un millón de euros para adecuación de los juzgados a las nuevas tecnologías y contempla también como activo los 145 millones de euros en que están valorados todas las sedes judiciales cuya titularidad se recibe.

Así, el año que viene se ha programado como el de "integración de la Administración de Justicia en el organigrama de la Administración regional" y la preparación de los proyectos de inversión propia en nuevas infraestructuras (juzgados, etcétera) que se abordarán ya en 2012.

Seguridad ciudadana,

Protección civil y violencia de género

El presupuesto presentado hoy por Campos abarca las actuaciones en Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Violencia de Género, con un total de 66,5 millones de euros y una reducción del 0,83% respecto a 2010.

"Son unos presupuestos austeros, que colaboran a la reducción del déficit, rigurosos para cubrir las necesidades ciudadanas y comprometidos con la garantía de los servicios", apuntó Campos.

El mantenimiento de la Seguridad Ciudadana absorbe 25,4 millones de euros del total del presupuesto, la mayor parte en transferencias a los ayuntamientos para mantener y dotar de material a los 628 agentes de las Brigadas de Seguridad de las policías locales.

Las inversiones se limitan a un convenio para construir un cuartel de la policía local en Caravaca, a medias con el Estado, y realizar el proyecto de la nueva escuela de policías locales. Asimismo, se hace una apuesta en formación de agentes, para mejorar su programación y ordenación y también la aplicación de nuevas tecnologías.

La actuación ante las emergencias atribuye 6,1 millones a la protección civil, 12,8 millones al consorcio regional de extinción de incendios y 3,6 millones al servicio telefónico de emergencias 112, con una caída global del 10,8%. El objetivo es "mantener un dispositivo capaz de actuar con gran celeridad ante cualquier urgencia, como se logró en el último incendio de Calasparra".

La prevención de la violencia de género contará con 1,1 millones de euros. Se consolidará, asimismo, la red de 20 CAVIs y el servicio itinerante de asesoramiento, asi como la atención psicológica a hijos que hayan sido testigos de episodios de este tipo, además de las iniciativas de formación contra esta lacra, en centros de secundaria.

También se aplicará, como novedad, la nueva base de datos centralizada que reducirá a uno el acto de testimonio de la víctima sobre su caso, que será compartido posteriormente por jueves, médicos, policías, etcétera.

La política de atención a menores en centros de reclusión y reforma permitirá sostener las 127 plazas existentes.

Justifican y analizan las bajadas

El diputado de Izquierda Unida, José Antonio Pujante, fue el único que se preguntó porqué no se hace ninguna referencia contable a la previsión de 70 millones de dotación de las transferencias, mientras los de PP y PSOE se limitaban a justificar y analizar, respectivamente, las bajadas en Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Prevención de la Violencia de Género.

Así, Pedro Chico, consideró suficientemente cubierta la financiación de las policías locales, en especial del servicio de Brigadas de Seguridad Ciudadana, ante "un incremento de la delincuencia que el Gobierno central es incapaz de combatir con los que cuenta".

A su juicio, la comunidad hace un esfuerzo por dotar de financiación a los ayuntamientos para sostener este servicios y también los de Protección Civil y Emergencias.

La representante del PSOE, María del Carmen Moreno, se quejó por su parte en especial de "la gran bajada" que experimenta todo lo referente a la atención a la Violencia de Género, "que se suma a la eliminación del Instituto de la Mujer" y sufre "la división de competencias entre la Consejería de Política Social y la de Justicia".

Al hilo, José Antonio Pujante no admitió la "austeridad" como argumento para justificar que no se invierta más. Desde su punto de vista, se debería recaudar más impuestos para impedir por ejemplo "que la caída de fondos para Emergencias nos sitúe ahora como peor preparados para afrontar algún episodio de este tipo".