Un 75 por ciento de las llamadas recibidas en el Defensor del Profesor en Canarias relacionadas por conflictos con los alumnos durante el curso 2009/10 estuvieron motivadas por problemas para dar clases con normalidad, mientras que en el conjunto de España el porcentaje baja al 28 por ciento, una diferencia que para el defensor del profesor en las islas, Bernardo Huerga, la presidenta de Anpe en Las Palmas, María Perera, y el presidente estatal de Anpe, Nicolás Fernández, se debe a que las islas no aplica el Decreto de Convivencia con el alumnado.

"Es preocupante que en Canarias, el decreto que regula la convivencia en los centros educativos está metido en un cajón de algún consejero y no se ha publicado ningún boletín. Tenemos un estupendo decreto de convivencia que reconoce la autoridad del docente y que no ha sido publicado", explicó Huerga.

Durante la presentación de los datos del Defensor durante el curso pasado, Huerga señaló que se atendieron un total de 89 llamadas —186 desde su creación— y que se pueden dividir en tres grupos: relacionados con los alumnos, con los padres y con el rendimiento académico.

Así, respecto a los conflictos con los jóvenes, además del 75 por ciento de las llamadas por dificultades para dar clase, un 40 por ciento denunció faltas de respeto, un 28 por ciento insultos; un 25 por ciento acoso y amenazas, un 13 por ciento grabaciones y fotos en Internet, y un 5 por ciento conductas agresivas hacia el profesor.

Respecto a los padres, un 10 por ciento de los profesores que hicieron consulta estuvo relacionado con agresiones de los progenitores o familiares, otro 10 por ciento con denuncias de padres al docente y un 7 por ciento acoso y amenazas.

Mientras, sobre los problemas con el rendimiento académico, un 5 por ciento de las consultas atendidas en el Defensor del Profesor en Canarias fueron por presiones para modificar las notas, un 13 por ciento por problemas administrativos con la dirección del centro y un 4 por ciento por conflictos con la dirección derivados de otras situaciones.

Huerga matizó que todos estos datos, menos el 75 por ciento de las reclamaciones por dificultades para dar clase, son extrapolables al resto de España.

Decreto de convivencia

En este punto, la presidenta de Anpe en Las Palmas, María Perera, solicitó una mayor protección para el profesor ante situaciones en las que éste recibe denuncias falsas o cuando el alumno crea problemas tanto en clase como al profesor, por lo que vio necesario la aplicación del Decreto de Convivencia.

"Únicamente tenemos una orden que aprueba un protocolo para los casos de agresión física al personal docente. Si tenemos en cuenta los resultados del Defensor del Profesor, esta orden no es suficiente", señaló.

Aquí, Anpe Canarias demandó que la normativa sobre convivencia escolar considere al profesor como autoridad pública, con capacidad de corregir de forma inmediata las conductas contrarias a la convivencia sin delegar en terceros.

Un total de 4.000

Llamadas en el curso pasado

El presidente estatal de Anpe, Nicolás Fernández, explicó que el Defensor del Profesor está a disposición de cualquier docente que tenga algún problema relacionado con la docencia. "Tal es así que en cinco años hemos registrado 14.529 atenciones a nivel nacional. En el último curso hubo 3.998 llamadas en España, lo que supone un ligero aumento respecto al curso anterior (2008/09)", dijo.

Apuntó que lo más significativo del curso actual es que un 68 por ciento que antes llamaba para quejarse de la imposibilidad de poder dar clase en secundaria, "ahora ha bajado al 28 por ciento la tipología de baja intensidad, es decir problemas de indisciplina a la hora de dar clase".

Fernández achacó esta mejora a que en estos años se ha puesto en marcha una iniciativa que regula los derechos y deberes de los alumnos en un decreto de convivencia con los entre estudiantes y profesores.

"Estos decretos —añadió— que se han publicado prácticamente en todas las comunidades empiezan a dar sus frutos y a mejorar poco a poco a mejorar el clima de convivencia en los centros. En Canarias, lamentablemente no se ha impulsado ese decreto, aunque existe. Nos gustaría que el decreto lo conozcan los alumnos y las familias".

Por el contrario, hizo especial hincapié en que de las casi 4.000 llamadas registradas en el curso 2009/10 se mantienen en la misma tónica que las anteriores, lo que se denomina 'tipología de agresiones' que, con un 2 por ciento, "es preocupante pero no alarmante".

Además, señaló que han aumentado las amenazas y coacciones para cambiar las notas o el uso de las nuevas tecnologías para atacar a los profesores a través de Internet.

Autoridad pública del profesor

En este sentido, Fernández recalcó que hay que volver a la situación de autoridad pública del profesor. "Estamos impulsando esta consideración para recuperar valores básicos en el aprendizaje como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad o el esfuerzo. En los centros se tendría que hablar del derecho de los alumnos a aprender, y ojalá en dos o tres años no tuviéramos ningún tipo de conflicto", apuntó.

"Hemos hecho campañas —continuó— para implicar a toda la sociedad civil. Queremos el respaldo social, por lo que es indispensable el apoyo de las familias. Tenemos que ir juntos padres, profesores y alumnos porque de esta crisis solo se sale potenciando la formación y la educación".