Izquierda Unida de Aragón manifiesta su "total desacuerdo" con la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 9 de noviembre que invalida una norma anterior de la UE, que permitía conocer los datos de los perceptores de las subvenciones de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

El Coordinador General de IU Aragón, Adolfo Barrena, ha explicado que estas ayudas, Feaga (ayudas directas) y Feader (fondeos de ayuda rural), "son realizadas con dinero público y es, por ello, por lo que consideramos que el derecho a conocer a quien se otorgan estas ayudas y de cuanta cantidad están dotadas prevalece sobre el derecho a la intimidad".

A su juicio, "el derecho a la protección de datos de un ciudadano o una empresa que demanda una ayuda pública no debiera estar por encima del derecho de los ciudadanos a saber qué se hace con los impuestos que pagamos y a quiénes van destinadas las ayudas que con ellos se financian".

Por ello, Barrena se ha preguntado "en virtud de qué criterio se han convertido ahora los fondos de la PAC en una suerte de fondos reservados sobre los que Europa puede disponer sin que los europeos sepamos a quiénes se les destina".

"Quien quiera preservar su intimidad en cuanto a la recepción de dinero público se trata, debería renunciar de forma inmediata a la recepción de las mismas", ha aseverado.

La publicación de estos datos permitió conocer por ejemplo, los más de dos millones de euros que recibió la duquesa de Alba en 2008, que la Reina de Inglaterra recibió más de medio millón de euros y que las familias Borbón, Osborne o Domecq, recibieron ayudas muy importantes.

Para el responsable de Política Institucional de IU Aragón, Raúl Ariza, "vivimos en una Europa cuyas instituciones se distancian cada vez más de los ciudadanos y se postra ante los intereses de los grandes poderes financieros, comerciales, industriales o, incluso, terratenientes".

A su parecer, "sacrificar el principio de la transparencia presupuestaria en aras del respeto a la protección de datos para no hacer públicos los montos de las ayudas que reciben los grandes terratenientes europeos sienta un peligroso precedente" al apuntar que las ayudas públicas de la PAC "se conviertan, aún más, en una caja negra sobre la que los ciudadanos careceremos de mecanismos de control".

Para Ariza "sobre la base de medidas como ésta se avanza en la configuración de una sociedad que es capaz de sacrificar principios democráticos básicos, erosionando las bases de diversas formas de control ciudadano sobre la actuación de los poderes públicos y promoviendo que la corrupción encuentre un caldo de cultivo adecuado en los entornos del poder", ha concluido.

Por todo ello, IU-Aragón, que aprobó una resolución de "desacuerdo con la sentencia de la UE" en su Consejo Político celebrado el pasado sábado, trasladará a su diputado en el Parlamento Europeo Willy Meyer que inicie de forma inmediata las acciones necesarias para denunciar este "atropello" y los recursos legales pertinentes.