Una vez que se apruebe el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, presentado por la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre recoge la figura del responsable solidario, lo que supone que los padres pasarán a hacerse cargo del pago de las sanciones que se impongan a menores de edad tanto por ruido o por beber en vía pública, como por hacer graffitis y pintadas.

Además, en este último caso los progenitores también deberán abonar el coste que tenga la reparación de los daños ocasionados por las pintadas. Esta medida da respuesta a una petición hecha pública por Ana Botella.

La nueva legislación autonómica también reconoce las nuevas sanciones por ruido en vía pública anunciadas por la delegada de Medio Ambiente de la capital, que se incluirán en la nueva Ordenanza del Ruido y que oscilarán entre los 300 y los 600 euros adicionales a las multas por beber en la calle.

Por otro lado,  los ayuntamientos madrileños pasarán a ser los encargados de gestionar las multas por botellón.

Esto significa que las multas impuestas por la Policía Local que hasta ahora eran remitidas a la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid para su tramitación serán gestionadas por el Consistorio, que también se encargará de sus nuevas sanciones por ruido.

Esta decisión da respuesta a una carta del Ayuntamiento madrileño, en la que pedía al Ejecutivo regional que traspasara las competencias sancionadoras a los ayuntamientos.

La misiva, remitida al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, pedía el traspaso de la gestión de sanciones por botellón, así como recursos para una nueva oficina municipal que se encargue de esta tarea.

El Gobierno regional deja sin tramitar casi el 90% de las multas que ponen los agentes de la Policía municipal de las diferentes localidades de los pueblos de la región. Además, asistir a un simple curso de concienciación basta para no pagar.  

El municipio que más denuncias pone es Madrid (53.623 el año pasado). En 2008, la Comunidad dio curso a 6.476 denuncias que le llegaron, pero sólo en la capital se habían impuesto 44.834 denuncias.