El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, exige al PP balear formular una querella y pagar además 6.000 euros de fianza si desea personarse como acusación popular en el caso Palma Arena, lo que solicitó la formación después de que la Audiencia Provincial de Palma rechazara que ejerciese la acusación particular como "ofendida" en esta causa.

Así lo han informado a Europa Press fuentes del caso, que han explicado que el partido deberá, además de prestar esta cantidad si desea ser parte activa en el procedimiento, interponer una querella en la que determine contra qué personas desea que se dirijan las investigaciones, una relación de los hechos por los que pretende acusar y los delitos que considere que se han cometido.

En su auto, que abunda en los requisitos y en la jurisprudencia existente para personarse como acusación popular más que en la posible pretensión de los 'populares', el magistrado alega que no ha quedado acreditado que la intención del PP sea ejercer la defensa de un interés común que sirva "para sostener un interés legítimo y personal" -requisito para ser acusación popular-.

Además, asevera que la intención de personarse mediante esta fórmula "en modo alguno no deja de ser consecuencia de la falta de éxito" de la pretensión de los 'populares' de ejercer la acusación particular, que ya fue desestimada en primera instancia por Castro y posteriormente por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, en cuyo auto sostiene que la intención de los 'populares' era "torpedear y desacreditar" las investigaciones.

El juez se ampara en la jurisprudencia de distintos órganos

Para sostener sus consideraciones, Castro alude asimismo a la jurisprudencia de varios órganos nacionales, como las distintas doctrinas de las Audiencias Provinciales de Barcelona y La Rioja en el caso de la necesidad de interponer una querella para poder comparecer como acusador popular en una causa ya iniciada.

Así, el magistrado expresa en la parte dispositiva de su auto que "no ha lugar a tener por comparecido" al PP como acusación popular hasta que no interponga la querella y abone la fianza fijada. En este sentido, el asesor jurídico del PP y fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, confiaba en que, de recibir el visto bueno del instructor, la caución que se le impusiera no fuese superior a los 1.500 euros exigidos al PP en el caso Gürtel.

El partido ya solicitó su personación como acusación particular alegando una "absoluta indefensión" en este procedimiento a tenor de las "graves acusaciones" que pesan sobre la formación en el marco de las investigaciones, entre ellas haber sido financiada de forma presuntamente irregular.

Tal y como recalcó entonces el propio Gordillo, el "ánimo" del partido era "colaborar" en las pesquisas, al aseverar que el partido "es uno de los primeros interesados en luchar contra la corrupción". "De hecho, cuando a sus militantes les ha afectado alguna imputación, se les ha dado de baja, algo que no hace ninguna otra formación", apostilló.