Siete años de prisión para los dos encargados de una constructora que revendían fincas

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a siete años de prisión por delitos de estafa continuada y falsedad documental a Ismael M.Z. y Gerardo R.A., los encargados de la constructora 'Proyectos y Construcciones Zúñiga' que admitieron en el juicio que revendían fincas que ya tenían propietarios.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a siete años de prisión por delitos de estafa continuada y falsedad documental a Ismael M.Z. y Gerardo R.A., los encargados de la constructora 'Proyectos y Construcciones Zúñiga' que admitieron en el juicio que revendían fincas que ya tenían propietarios.

Esta sentencia, conocida hoy, ratifica el acuerdo al que llegaron en el juicio celebrado hace dos semanas la defensa, las acusaciones particulares y el Ministerio Fiscal, en virtud del cual admitieron los hechos y aceptaron las penas, que incluían unas indemnizaciones a los 24 perjudicados que, en su conjunto, superan los 1,2 millones de euros y que ambos deberán satisfacer de forma conjunta.

En concreto, a Gerardo R.A., autorizado para representar a la citada empresa, se le condena por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental, por el que la sentencia de conformidad le impondrá una pena de cuatro años y medio de prisión, y medio de prisión, respectivamente, además de al pago de multas por un importe de 1.620 euros.

Y a Ismael M.Z., administrador único de 'Proyectos y Construcciones Zúñiga', se le impone una pena por cómplice de estafa de dos años de prisión, junto a una multa de 450 euros.

Entre las distintas actuaciones por las que se les juzgaba y que han admitido se encuentran la venta de casas que no habían sido construidas o que figuraban a propiedad de otras personas.

Así, entre los ejemplos que detallaba el Ministerio Fiscal figuraba la venta en 2002 de una parcela, por un importe de 194.273 euros que en realidad ya había sido vendida con anterioridad; o, en 2003, la venta por 54.000 euros de un chalet que estaba inscrito a otro nombre diferente al del comprador.

O la compra, en 2004, de un chalet que nunca fue construido, y así hasta una decena de operaciones similares, todas en una urbanización en la localidad de Boo de Piélagos, y en actuaciones en las que se ocultó la información sobre la propiedad de las viviendas o la existencia de cargas sobre los terrenos, entre otros datos.

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