CCOO rechaza la reducción salarial y del empleo público que prevén los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2011

El secretario regional de la Federación de Enseñanza de CCOO, Alfonso Gil, ha manifestado el "rechazo, malestar e indignación" de CCOO con el borrador de los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2011 al entender que "desprecia" la negociación colectiva para acometer una congelación y reducción salarial para el empleo público en la región.
Gil en la rueda de prensa que ha ofrecido
Gil en la rueda de prensa que ha ofrecido
CCOO/EP
Gil en la rueda de prensa que ha ofrecido

El secretario regional de la Federación de Enseñanza de CCOO, Alfonso Gil, ha manifestado el "rechazo, malestar e indignación" de CCOO con el borrador de los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2011 al entender que "desprecia" la negociación colectiva para acometer una congelación y reducción salarial para el empleo público en la región.

En una rueda de prensa junto a la secretaria regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Carmen López, Gil ha criticado que el borrador del texto dificulte también las contrataciones para interinidades o sustituciones ya que ello supone una pérdida de calidad en los servicios públicos que, además, pone en peligro el cumplimiento de acuerdos sindicales e incluso la vulneración de alguna ley, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Por ello, el secretario regional de la Federación de Enseñanza de CCOO ha tildado los presupuestos de "restrictivos", puesto que éstos se sustentan en la reducción salarial de los empleados públicos que soportan en torno al 60% de la reducción del presupuesto de algunas consejerías.

Asimismo, Gil ha negado que estos nuevos presupuestos vayan a traducirse en cobrar lo mismo ya que estos atentan contra la reivindicación sindical de que las pagas extras sean idénticas a una mensualidad, puesto que, a partir de la próxima paga extraordinaria, se reducirán los complementos.

Otro de los problemas fundamentales del texto al que ha aludido es el relativo a la tasa de reposición del 10% que supondrá que de cada diez empleados públicos que se jubilen, tan solo sea sustituido uno, lo cual es "intolerable" y, de cualquier forma, dicha medida "no responde a que no sean necesarios" puesto que se amplían servicios y, sin embargo, se opta por la externalización de éstos, lo que supone que la empresa privada se lucre a costa del empleo público y todo ello con condiciones laborales que son "sensiblemente peores" que las de los empleados públicos "porque alguien tiene que ganar dinero a costa de ellos".

También, ha añadido Gil, se acentúa el problema de las sustituciones hasta el punto de que, en numerosas ocasiones, la necesidad que motiva una sustitución termina desapareciendo sin que se haya resuelto, lo que afecta a la calidad de los servicios públicos.

Por ello, el secretario sindical ha "exigido" a la Administración que respete la Ley y también la negociación colectiva que ha fomentado el que se suscriban acuerdos que contemplan ofertas de empleo público en todos los sectores, por lo que ha insistido en la necesidad de hacer nuevas convocatorias de empleo y acometer el cumplimiento de acuerdos como, por ejemplo, el del personal docente no universitario que todavía tiene pendiente el abono del 20% de la subida salarial pactada en el año 2008.

Ley de educación

Gil también ha hecho referencia al cumplimiento de leyes como la de Educación en la que se recogía un compromiso presidencial de destinar el 6% del PIB a esta materia y, sin embargo, "estamos en un 5,30% más o menos, por lo que tendrá que incrementarse el presupuesto, ya que el montante destinado para ello ha descendido además en un 5,48% (unos 113 millones de euros).

La secretaria regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha tildado también de "muy preocupante" que la Junta haya echado por tierra el acuerdo entre Administración y sindicatos y ha mantenido que la única nota "satisfactoria" viene dada por el auto de la Audiencia Nacional que acordó la semana pasada elevar al Tribunal Constitucional el recorte salarial del sector público como inconstitucional al aceptar los argumentos de una demanda presentada por CCOO.

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