La alcaldesa del municipio malagueño de Fuengirola, Esperanza Oña, ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento va a iniciar un procedimiento jurídico ante el Tribunal Constitucional por "conflicto de competencias para defender la autonomía municipal". Dicho procedimiento se debatirá en el próximo pleno municipal, que se celebrará el viernes en sesión extraordinaria.

"Vamos a presentar una moción con todos los argumentos que consideramos que justifican este procedimiento jurídico, en el que además vamos a solicitar no sólo defender la autonomía municipal, sino la nulidad de la Ley de Aguas y desde luego la suspensión temporal de su aplicación", ha destacado Oña.

La regidora ha confiado en que el resto de consistorios andaluces presenten iniciativas similares, "independientemente del color político, ya que es una ley que sólo pretende recaudar más impuestos para el gobierno andaluz de forma abusiva". "Aunque supongo que los ayuntamientos socialistas olvidarán a sus administrados para no ir en contra de sus jefes de partido", ha indicado.

"Esta es una ley que encarece el agua en un 30 por ciento como mínimo y en el doble para muchas familias según las previsiones de los técnicos que han analizado la Ley de Aguas y por las que nos hemos opuesto radicalmente a la misma", ha indicado, al tiempo que ha recordado que "no estamos a favor en ningún caso, pero mucho menos en unos momentos de crisis angustiosa con más de un millón de parados en Andalucía".

Así, ha manifestado en un comunicado que "hay que ser muy insolidario, injusto e insensible para aplicar ahora esta subida, este impuesto del agua, que es tremendamente abusivo porque es para la Junta de Andalucía". Para ello, "queremos recordar que nosotros compramos el agua a Mancomunidad y la Junta no interviene para nada. Compramos el agua, pasamos el precio al recibo y en función del consumos se cobra".

"Ahora la Junta se inventa cuatro conceptos nuevos y que, en lugar de tener la valentía de cobrarlo por separado como impuesto del agua, nos obliga por Ley a que lo introduzcamos dentro de la facturación del agua que enviamos a Acosol —empresa pública de Aguas de la Costa del Sol—, yendo una parte a ésta y otra a la Junta de Andalucía".

Conceptos "impositivos"

La regidora ha explicado que la Ley incluye varios conceptos impositivos nuevos que afectan tanto a las familias como al Ayuntamiento, empresas y entidades que hagan uso del agua. Así, ha hecho referencia al Canon de Mejora, que obliga a pagar a todos los consumidores un euro al mes de forma fija y otro concepto variable en función del consumo para el Gobierno autonómico.

Además, ha destacado el Canon de Servicios Generales que "no precisa hasta cuánto puede llegar pero que será como mínimo de 20 euros por usuario también para la Junta"; y, por último, el Canon de Regulación, "que no sabemos en qué consiste y de qué forma se va abonar".

A ello hay que añadir, según señala, un cuarto criterio que es la obligación a todos los ayuntamientos de adelantar el 100 por cien de las facturas de consumo del agua de la ciudad, independientemente de que los ciudadanos lo abonen o no.

"En este sentido, obliga a los ayuntamientos a introducir este endeudamiento en los presupuestos para pagarle a la Junta cuando son conceptos nuevos que aplica el Gobierno andaluz sin que tenga nada que ver con los servicios que ofrece la Mancomunidad", ha apuntado, al tiempo que ha asegurado que "es una manera que tienen de asegurarse el cobro del 100 por ciento del impuesto del agua".