El grupo parlamentario socialista ha solicitado este miércoles ante la Comisión de Educación y Cultura de las Corts Valencianes la comparecencia de representantes del Observatorio para la Convivencia Escolar para recibir asesoramiento sobre el Proyecto de ley de Autoridad del profesorado.

El grupo popular, al igual que la presidencia de la Comisión, se ha mostrado a favor de mantener una reunión con ese órgano, pero "a nivel de grupo parlamentario" y no en la comisión, porque en ese caso, se podría convertir en una "comisión de estudio", lo que podría provocar, según los populares, que acabara la legislatura sin que se aprobara la ley, al dilatar los plazos.

Tras la comisión, la diputada socialista Ana Noguera ha informado de la presentación de un escrito a la presidencia de la comisión para que los grupos parlamentarios mantengan una reunión con el Observatorio el próximo 17 de noviembre.

Los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes han transaccionado este miércoles en la Comisión de Educación y Cultura de las Corts Valencianes cuatro enmiendas que afectan a una decena de la oposición a esta ley, y que hacen referencia a que la administración impulse los mecanismos necesarios para facilitar la función, formación y apoyo del profesorado, así como su reconocimiento y prestigio social y que impulse las medidas necesarias para que el docente pueda desarrollar su trabajo en condiciones óptimas.

La portavoz de Educación del grupo socialista Ana Noguera, ha indicado que es necesario el reconocimiento "social y político" del prestigio profesorado, pero a su juicio, esta ley "no sirve para nada; es de coste cero", porque ya está todo regulado por legislación básica.

La ley, ha añadido, "no aporta nada y exime de responsabilidad a la administración", reduciendo el conflicto al profesor y al alumno, al tiempo que es una norma de "moralina" e introduce la "esquizofrenia entre lo público y lo privado".

La diputada ha confesado que tiene la "impresión es una zanahoria que se pone delante" de los docentes, mientras por detrás, les generan "grandes recortes" y propician el "descrédito consciente a la labor del profesorado", al no cubrir bajas y sustituciones. Para Noguera, la la ley está trufada de "simplificación y alarmismo".

Por su parte, la diputada popular Maira Barrieras, ha indicado que se trata de una norma "seria y responsable" que muestra que la consellería "vela por el profesorado y es su garante" y ha destacado que reconocerá al personal docente con rango de ley, su autoridad, así como la presunción de veracidad de los hechos constatados en el ejercicio de sus competencias correctoras o disciplinarias. PP:

Incluye a todo el profesorado

Barrieras ha remarcado que en la ley, el reconocimiento legal e institucional de la autoridad del profesorado incluye a todo el sistema educativo no universitario, tanto en los centros públicos, como concertados y privados, y en estos últimos, ha señalado que la condición de autoridad quedara limitada al ámbito de régimen interno del centro.

Por su parte, el diputado de Compromís, Josep María Pañella, se ha expresado en términos similares y en cuanto a que la administración educativa adopte, tal como recoge la ley, las medidas para garantizar al personal docente de los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos la defensa jurídica y protección en los procedimientos que se sigan como consecuencia del ejercicio de sus funciones, ha remarcado que tampoco se trata de "ninguna novedad" en el caso de la enseñanza pública, y ha advertido que no se puede asumir legalmente "la defensa de los trabajadores de la empresa privada". TABLONES

Igualmente, ha mencionado la referencia que hace la ley a que la conselleria competente en materia de educación garantizará el uso adecuado y conforme con el ordenamiento jurídico de los espacios públicos de su ámbito competencial, así como los tablones de anuncios, con el fin de evitar, en especial, que sirvan de soporte a conductas injuriosas u ofensivas para el profesorado y demás miembros de la administración educativa.

En este sentido, Pañella ha criticado que este párrafo "esconde otro sentido: impedir la libertad de expresión del acceso a un tablón" y ha lamentado en referencia al caso del IES Les Nories que el conseller "hace una ley para justificar una conducta que ha sido suspendida por los mismos jueces". En el mismo sentido se ha pronunciado Noguera, que pidió la retirada de este punto, porque ha estimado que es "ridículo" legislar sobre esta cuestión.

El diputado del PP Mariano Castejón, ha explicado que este punto persigue garantizar el uso adecuado de todos los espacios públicos de los centros escolares, entre ellos, el tablón del anuncios, para "mantener un adecuado clima escolar" y evitando un "uso abusivo" de los mismos, desde los que, a su juicio, "se puede atentar y vulnerar derechos fundamentales".

Ha manifestado que la conselleria de Educación ha redactado la ley porque existe una problemática social y de "forma valiente". A su juicio, la autoridad también se reconoce al personal docente de los centros concertados y a su juicio, se da con la norma "un paso adelante" aunque la oposición "no lo quiere reconocer".

La portavoz de la Agrupación de Diputados No Adscritos, Marga Sanz ha calificado la norma de "proyecto ineficaz e inútil" que no sienta la bases en los aspectos para mejorar la convivencia" y, como Compromís —ambos grupos presentaron enmienda a la totalidad— ha recordado que el profesorado funcionario ya tiene reconocido el carácter de autoridad, y que los maestros de los centros privados concertados nunca lo podrán tener sin que se produzca una modificación del Código Penal.