El letrado de Antonio Cortés, uno de los cabecillas de la revuelta, pidió que se anulara la vista tras oír la declaración de otro líder del motín, Manuel Pinteño,  dijo que Cortés está «psicológicamente anulado porque le pinchan y le medican sin su consentimiento».

Y justificó el motín por el «trato inhumano» que recibían de los funcionarios. El resto de los 11 abogados se adhirieron a la petición porque las «fuertes medidas de seguridad» impiden que sus defendidos tengan un juicio justo y solicitaron que les quitaran las esposas, a lo que las Fuerzas de Seguridad se negaron, por ser presos muy peligrosos.

Los procesados estuvieron custodiados por 20 agentes dentro de la sala y 30 alrededor del juzgado, cuyo acceso estuvo cortado para viandantes y vehículos cuando llegaron los presos y cuando salieron. Pocas veces se han visto tantas armas y un dispositivo policial así en Benalúa, aunque el despliegue sólo causó atascos breves.

Los tres enjuiciados que declararon ayer negaron su participación en el asesinato de un reo de origen magrebí y achacaron la muerte a un ajuste de cuentas entre compatriotas.