Así mismo, se harán públicos los nombres de los empresarios de los prostíbulos que incumplan la nueva normativa.

La ley quiere acabar con la prostitución callejera, y multará con 600 euros a las personas que contraten los servicios de una prostituta en la calle o que mantengan relaciones con una meretriz en el interior de un coche.

No obstante, las sanciones podrían llegar  hasta los 100.000 euros.

También podrán ver su nombre en la prensa, por ejemplo, los que tengan conocimiento de que un menor se está prostituyendo y no lo denuncien, o las personas que sepan que hay un caso de explotación sexual o que obliguen a una prostituta a vivir en un lugar determinado.

El caso de los maltratadores

Este escarnio público incluido en el artículo 78 del borrador de la ley es similar al que el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, aplicó a los maltratadores condenados.

La publicación de los nombres de los clientes de la prostitución no será automática, y queda en manos del "órgano adminstrativo" que imponga las sanciones.