"No sabemos cuándo nos van a entregar nuestra vivienda". Esta es la situación que afrontan decenas de familias en Madrid, que ven cómo sus pisos de protección oficial nunca llegan, mientras que las facturas se acumulan. La quiebra de las constructoras debido a la difícil situación económica que atraviesa el sector es el principal motivo por el que los plazos de entrega  no se cumplen.

Este es el caso de Mª José Peinado, que solicitó una vivienda de alquiler para jóvenes  en Colmenar Viejo hace cinco años y que le debería haber sido entregada en junio de este año. Tras presentar toda la documentación, ni ella ni el resto de los 179 vecinos volvieron a recibir información de la Promotora Jalet, encargada de la gestión.

"No sabemos nada de ellos, no nos cogen el teléfono y  cuando lo hacen, no nos informan, sólo nos dicen que no saben nada", asegura Mª José. La desinformación es otra de las quejas comunes entre este tipo de afectados, que se sienten desamparados ante situaciones como la de esta madrileña de 27 años.

"Finalmente nos enteramos de que la constructora responsable de las obras, Bruesa, está a punto de quebrar", continúa. Es entonces cuando tanto la promotora como las autoridades empiezan a derivar responsabilidades. Y mientras tanto, los adjudicatarios de las viviendas, de 70 metros cuadrados, con plaza de garaje y trastero, no tienen más remedio que esperar y ver cómo los plazos de entrega se van sucediendo.

"Como se supone que iba a ser para poco tiempo, mi pareja y yo nos instalamos en casa de mi hermano, con su mujer, su hijo y un perro. Tengo cosas en cajas por toda la habitación y los electrodomésticos guardados en casa de unos amigos", se queja Mª José. "Es desesperante pasar por delante de los pisos y no poder entrar a verlos", asegura la joven.

Como Mª José, muchas otras familias conviven como pueden en casas de familiares o pagando un alquiler en otra vivienda, con el esfuerzo económico que eso supone. "Yo vivía en Manzanares el Real con mi pareja, se nos acabó el contrato y no renovamos porque nos aseguraron  que nos entregarían la casa en poco tiempo, con lo cual hicimos la mudanza y nos fuimos a la casa de nuestros respectivos padres pensando en que solo serían 15 días", confiesa otra de las jóvenes afectadas de la misma promoción, Paola González. "A día de hoy tenemos que vivir a 40 kilómetros de distancia sin previsiones de tener casa, porque nadie nos da plazos, y nadie nos alquila un piso por menos de un año", asegura con frustración.

Al parecer, la solución para estas familias está cerca, ya que según informan desde el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, la promotora ha ampliado capital y podrá hacer frente a las deudas que impiden que los vecinos accedan a sus viviendas. "En un plazo máximo de dos meses, estos jóvenes podrán entrar a vivir en sus pisos", asegura José Mª de Federico Corral, alcalde de la localidad. Una noticia que los vecinos se toman con mucha reticencia. "Lo hemos oído ya tantas veces…", afirman resignados.

Dos constructoras, dos quiebras

Los vecinos de Colmenar han tenido más suerte que los 40 adjudicatarios de Carabanchel 23, una de las promociones de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. En este caso, las familias llevan años esperando la entrega de sus pisos. En 2007, se les comunicó que les habían concedido una vivienda y que podrían acceder a ella a finales de 2008. Sin embargo, por esas mismas fechas, uno de los vecinos decide acercarse a la obra y comprobó, para su sorpresa, que los trabajos de construcción estaban completamente parados.

"La EMVS siempre iba por detrás", asegura Eduardo Cabanillas, uno de los afectados. "Nos enteramos nosotros antes que ellos de la paralización de las obras, no nos informaron bien", continúa. En febrero de 2009 les comunicaron que la empresa constructora, Midascon, ha entrado en suspensión de pagos y se encuentra envuelta en un proceso judicial.

La EMVS contrata entonces a una segunda compañía, Imasatec, que también se declara en quiebra en julio de este mismo año."Ahora han buscado a otra empresa que finalice las obras, o lo que quede de ellas, y nos han dado un nuevo plazo de ocho meses", explica Eduardo, de 35 años. "Yo ya he invertido 36.000 euros en esto y aún no estoy seguro de cuándo podré vivir en mi casa".

A todos estos problemas, se suma además la incertidumbre por los cambios en la situación familiar de los afectados y los cambios en la tributación de la vivienda. "Cuando inicié los trámites, sobre el 2003, estaba soltero. Ahora vivo en casa de mi pareja y tenemos un bebé, no sé cómo puede afectar todo esto a la concesión del piso", cuenta preocupado Eduardo.

Estas situaciones contrastan con los datos ofrecidos tanto por el Ayuntamiento de la capital como por la Comunidad, que afirman que "actualmente" no hay ninguna obra paralizada. "De las 15.392 viviendas que el Instituto de la Vivienda de Madrid tiene en marcha, todas se están desarrollando con normalidad", afirma un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio del Ejecutivo regional.