El Congreso instó este miércoles al Gobierno a que establezca un mecanismo que limite los intereses de demora por deudas hipotecarias que deben pagar las familias, con el fin de paliar la elevada morosidad que padecen éstas debido a la crisis económica.

De esta forma, la Comisión de Economía aprobó por unanimidad la proposición no de Ley presentada por la diputada de UPyD, Rosa Díez, y que ha sido consensuada con el PSOE y el PP a través de dos enmiendas pactadas.

Todos los grupos parlamentarios presentes en la Comisión apoyaron esta proposición que pide que no se pueda declarar vencida una operación hipotecaria por el incumplimiento de una sola cuota y sólo pueda ser así cuando se haya producido el impago de seis cuotas como mínimo.

La diputada Rosa Díez dijo que se trata de favorecer la economía de las familias y de los consumidores ante unos tipos de interés hipotecarios de bancos y cajas que son "usureros", y recordó que la morosidad del crédito hipotecario supera actualmente el 5% y se ha incrementado en más de un punto este año.

Además, alegó que en las relaciones comerciales entre bancos y cajas con las empresas se ha creado un precedente puesto que el Banco de España "sí ha establecido limitaciones" sobre la limitación de intereses de demora. "Que no se regule en el caso de los consumidores, que están en peores circunstancias, hace que esta iniciativa sea necesaria y urgente", apostilló.

La proposición aprobada urge al Gobierno a que los tipos de interés de demora de prestamos y créditos hipotecarios tengan un límite máximo, situado entre el tipo de interés por descubierto bancario y los intereses de demora comercial. Asimismo, insta a que esta limitación no sólo se refiera a los préstamos hipotecarios de los consumidores sino también a los contratados por empresas, profesionales o autónomos.

Vigilar las prácticas abusivas

La iniciativa, presentada en 2008, también pide que el Gobierno establezca un mecanismo para vigilar las "prácticas abusivas" de las entidades financieras.

No obstante, la proposición pactada por los dos grupos parlamentarios mayoritarios de la cámara baja suprime uno de los puntos que pedía UPyD sobre la creación de una nueva estructura administrativa.