Tal y como estaba previsto, la Sociedad General de Autores (SGAE) se ha quedado definitivamente sin su flamante sede en Boadilla del Monte. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) ha anulado la adjudicación que realizó el Ayuntamiento de la localidad del palacio del Infante Don Luis al organismo regulador de los derechos de autor.

Los jueces han tomado esta decisión alegando que en la concesión que se realizó en septiembre de 2006, firmada por el entonces alcalde Arturo González Panero (imputado en el caso Gürtel) y el presidente de la SGAE, Teddy Bautista, “no siguieron ni los requisitos ni las formalidades necesarias ” y que se realizó con “absoluto desconocimiento” del procedimiento a seguir.

Según el acuerdo al que llegaron González Panero y Bautista, Boadilla cedería durante 75 años su palacio a la SGAE. A cambio, ésta invertiría 30 millones de euros en la restauración de esta emblemática edificación, construida por el arquitecto Ventura Rodríguez en 1765 y declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Sin embargo, este proyecto no convenció a la oposición, Alternativa por Boadilla (APB), y tampoco a la Comunidad de Madrid.

El propio Gobierno regional mostró su descontento con las obras cuando se conoció el plan de rehabilitación propuesto por la Sociedad General de Autores, que preveía la construcción de cerca de 3.500 metros cuadrados más de edificio sobre los restos arqueológicos que rodean al palacio. En total, las obras incumplían la Ley de Patrimonio Histórico, la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla, según denunció Ángel Galindo, portavoz de APB.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Boadilla decidió rescindir el contrato con la SGAE a finales de mayo de este año. El alcalde de la localidad, Juan Siguero (PP), afirmó que el proyecto no cumplía las exigencias técnicas marcadas por la legislación sobre las construcciones consideradas Bien de Interés Cultural.

La SGAE emitió este lunes un comunicado desentendiéndose del acuerdo del pleno del Consistorio. “El acto administrativo impugnado ha sido un acuerdo del Ayuntamiento, de cuya tramitación no tiene ninguna responsabilidad la Fundación Autor”, aseguraban.