Oregón es el único estado de EEUU que cuenta con una ley que permite el suicidio asistido.

En 2001, el entonces ministro de Justicia, John Ashcroft, ordenó que se prohibiera la distribución de ciertos medicamentos para ayudar a la muerte, pese a la ley vigente en Oregón, llamada "Ley de la muerte con dignidad", a la que han recurrido 200 personas desde su aprobación en 1997.

En una decisión que representa un duro golpe contra la Administración del presidente George W. Bush, los magistrados del Supremo determinaron que Ashcroft se extralimitó en sus competencias al emitir la orden, que según el Supremo ni era legal ni se podía poner en práctica.

Bajo la ley de Oregón, los enfermos terminales que deseen la eutanasia deben obtener un certificado de dos médicos que establezca que al paciente le quedan menos de seis meses de vida y que se encuentra en posesión de sus facultades mentales.

En esos casos, el médico prescribe una receta de medicamentos mortales, y queda al cuidado de los pacientes el administrárselos. En su orden, Ashcroft declaró que la eutanasia no es un fin médico legítimo dentro de la ley federal de Sustancias Controladas y que prescribir esos medicamentos para ese fin violaba la normativa del país.

La orden amenazaba a los médicos que prescribieran esas sustancias con la retirada del permiso para emitir recetas.

Al redactar la opinión de la mayoría del Tribunal Supremo, el juez Anthony Kennedy indicó que la ley federal no permite que el ministro de Justicia prohíba la prescripción de esos medicamentos si una ley estatal la autoriza.

Los tres jueces del Supremo que votaron contra esta decisión son los más conservadores de esta corte, los magistrados Antonin Scalia, Clarence Thomas y su nuevo presidente, John Roberts. El caso enfrentaba el poder del Gobierno federal de interpretar las leyes sobre Sanidad en el país contra la autoridad de los estados para regular la práctica de la medicina en sus jurisdicciones.