El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha convocado en representación de la Comunidad a los sindicatos a una reunión de la Mesa General de la Función Pública para "negociar la reducción de los liberados sindicales", ha confirmado el propio Granados en los pasillos de la Asamblea de Madrid.

La Mesa General de la Función Pública, que previsiblemente se reunirá el próximo viernes, está formada por tres representantes de CCOO, tres de UGT, y otros tres de CSIT-UP.

A la reunión, que presidirá el consejero Granados, acudirá además un representante de la Secretaría General Técnica de cada Consejería.

Francisco Granados, que ha asegurado que no contempla la posibilidad de "no alcanzar un acuerdo" sobre este asunto, propondrá reducir de 3.500 a 1.490 los "liberados" sindicales en la administración autonómica, de forma que los 2.010 restantes se "reincorporarán a su puesto de trabajo".

Según ha explicado, 1.490 son los "elegidos por los trabajadores en las elecciones sindicales", mientras que el resto son consecuencia de "abusos" o de "acuerdos adoptados por encima de la ley en época de bonanza económica".

Como ejemplo de esos abusos ha puesto el de aquellos que "nunca se han presentado a unas elecciones sindicales", pero que "quitan horas a los liberados elegidos por los trabajadores y las acumulan".

El consejero ha afirmado que 1.490 sindicalistas liberados son "suficientes para defender con eficacia el derecho de los trabajadores" y se ha mostrado convencido de que los sindicatos "estarán a la altura de las circunstancias, en este momento de crisis en el que se ha pedido un esfuerzo a todos".

Aunque ha insistido en su voluntad de llevar a cabo este ajuste a través de un acuerdo, Granados ha reconocido que el Gobierno regional "podría aplicar la medida, si no hay acuerdo".

Un anuncio polémico

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya adelantó este martes su deseo de suprimir por ley la condición de liberados sindicales a unos 2.000 trabajadores de su comunidad, lo que generó un gran revuelo.

Respecto a este asunto el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha afirmado que en España "hay los liberados que corresponde según establece la ley" y por tanto él considera que son "los que deben estar".

Por su parte los sindicatos han contestadoque Aguirre no tiene capacidad de modificar la Ley ni el Estatuto de los Trabajadores.