La presidenta del tribunal, Angela Murillo, llamó a declarar a Alegría, para quien el fiscal pide 51 años de cárcel por los delitos de integración en ETA, falsa contabilidad, insolvencia punible y contra la Hacienda pública y la Seguridad Social.

Tras ser informado de su derecho a no contestar a las preguntas del fiscal, Alegría respondió: "A un tribunal especial que avala el uso de la tortura como medio de trabajo no voy a contestar", por lo que tras dejar constancia el fiscal de sus preguntas, su abogada procedió a interrogarle, aunque finalmente declinó hacerlo.

Quejas de la defensa 

Las declaraciones de Alegría habían estado precedida por una larga queja de la defensa. Según aseguró la letrada de Alegría, Arantxa Zulueta, el Decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, Nazario de Oleaga, le ha concedido el amparo al entender que en las condiciones denunciadas por la abogada no se puede ejercer el derecho a la defensa.

Además, De Oleaga, según dijo Zulueta ante el tribunal, tiene previsto solicitar sendas entrevistas con la presidenta del tribunal, Angela Murillo, y con el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, por lo que la letrada solicitó la suspensión del juicio hasta que se produzcan estos encuentros.

Informe policial de 1995

La petición de este documento, un informe policial de 17 de noviembre de 1995 sobre la presunta integración de Alegría en la organización denominada KAS-ETA, la hizo Zulueta al esbozar la primera pregunta del interrogatorio a su defendido: "¿Conoce usted a la organización KAS-ETA?" El fiscal Enrique Molina se opuso a la exhibición de ese documento, alegando que "el acto de vista oral no es para instruir a las defensas", pero finalmente el tribunal accedió a la petición.

La búsqueda de ese documento se prolongó durante una hora en la que tuvo que suspenderse la sesión, y tras serle exhibido a la abogada, ésta quiso saber si era realmente el que había solicitado.

El secretario judicial le aseguró que había sido extraído de entre otros cincuenta informes policiales, pero la abogada insistió en que el que ella había pedido corresponde a una relación de 48 informes particularizados con historial de las actividades delictivas de presuntos integrantes de KAS-ETA y eso no aparecía en el que se le había exhibido, por lo que estimó que no es el que había pedido.