El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido mantener la suspensión de los derribos en el barrio valenciano de El Cabanyal.

En un auto, el alto tribunal rechaza algunos de los argumentos esgrimidos por la administración valenciana, como el de los "perjuicios" que se derivarían de no ejecutar el presupuesto aprobado para la revitalización del barrio, algo que para el TC no es "irreparable".

El alto tribunal da prioridad a la conservación del patrimonio histórico y cultural que "el ordenamiento jurídico protege".

La decisión de los magistrados incide en la misma línea de la que adoptó hace unos meses, cuando admitió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la ley de la Generalitat valenciana que daba pie a las actuaciones de revitalización en El Cabanyal.

El Constitucional, con esta decisión, paralizaba los derribos, si bien algunos ya se habían llevado a cabo.

El Ayuntamiento de Valencia pretende con este plan prolongar una avenida de la capital levantina -la Blasco Ibáñez- hasta el mar, lo que acarreaba derribar parte del inmueble del barrio, uno de los más tradicionales de la ciudad.

La Generalitat valenciana y Les Corts Valencianes formularon las consiguientes alegaciones, en ambos casos para pedir el levantamiento "inmediato" de la suspensión de los derribos.

También advertía la Generalitat en sus alegaciones del "riesgo" de la paralización de obras para las que se había dotado de inversión pública, y así, señalaba que podría reclamar una indemnización por no ejecutarse las actuaciones previstas.

El Abogado del Estado presentó sus alegaciones para recalcar la preservación y defensa del patrimonio histórico "de los pueblos de España frente a la expoliación", es decir, la posible "pérdida o destrucción de todos o algunos de los valores que integran el Patrimonio Histórico Español", en este caso los del barrio de El Cabanyal.

La Generalitat valenciana insistió en que el llamado "Pepri Cabanyal" busca ante todo "la apremiante necesidad de regenerar un entorno urbano muy degradado" mediante la estructuración de las comunicaciones del barrio, "dando a Valencia una nueva salida al mar".

Cuestión de competencias

En el auto, el TC, tras recordar un precedente similar que afectaba a Castilla y León, considera que la normativa autonómica valenciana excede en este caso "las situaciones normales de controversia competencial", ya que "podría poner en cuestión, hasta eliminarla o desvirtuarla, una competencia estatal claramente" reconocida en la Constitución.

Para el alto tribunal es prevalente la defensa del conjunto histórico del barrio valenciano, y así, estima que en la ejecución del plan urbanístico del Ayuntamiento de la capital levantina, gobernado por el PP, "es posible apreciar la existencia de un perjuicio actual y directo al interés general".