Otras 16 personas del clan de los 'Caracoleños', exiliado del Polígono Sur entre abril y agosto de 2009 tras un tiroteo en el que murió un menor de etnia gitana, comparecieron hoy en el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, a cuenta de la denuncia formulada por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) contra la supuesta ocupación ilegal de las viviendas públicas que habitaban antes de abandonar el barrio, pisos que recuperaron el 31 de julio de 2009 pese a haber sido precintadas por la Administración autonómica.

José Estanislao López, el abogado que representa los intereses de este colectivo de etnia gitana, informó a Europa Press de que el Juzgado de Instrucción número ocho, conforme a las diligencias incoadas tras la denuncia de EPSA, ha tomado hoy declaración a 16 personas pertenecientes, toda vez que la semana pasada declararon ante esta misma instancia judicial unas 22 familias para las cuales el juez ha habilitado plazos de diez días para el desalojo voluntario de estas viviendas pertenecientes a la Administración autonómica.

Al igual que en las comparecencias anteriores, estas personas han reconocido que carecen de documentación en cuanto a las viviendas en cuestión, de promoción pública, y que las adquirieron a sus anteriores moradores, por lo que el Juzgado de Instrucción número ocho les atribuye una ocupación de estas viviendas públicas sin el correspondiente "título" legal que les habilite para ello.

No obstante, estas 16 personas han alegado ante el juez el supuesto desconocimiento del régimen público que rodea a estas viviendas y que su situación no dista del escenario que sufre el parque público de viviendas del Polígono Sur.

Pruebas testificales

Y es que José Estanislao López, ante la denuncia de EPSA, ya había advertido de que esgrimiría el "principio de igualdad y de actuación no discriminatoria" en defensa de estas familias, dado que la ausencia de documentación efectiva que les vincule con las viviendas es una situación en la que también incurren buena parte de los habitantes "del resto de pisos de esa barriada", en alusión a las Tres Mil Viviendas. Igualmente, anunció que intentará acreditar que durante varios años, el colectivo de familias habitó estos pisos "con el conocimiento de la Junta de Andalucía y sin que nadie les requiriese para abandonar las viviendas".

De hecho, el letrado informó de que el pasado viernes, y conforme a estos preceptos, recurrió ante el Juzgado de Instrucción número ocho los plazos de desalojo voluntario dictados para las familias que habían comparecido hasta entonces. Además, este abogado ha reclamado, como pruebas testificales, las comparecencias de la coordinadora y los responsables legales de EPSA y de los asistentes sociales del Ayuntamiento de Sevilla que han tratado a estas familias.

Del poblado de los bermejales a las órdenes de desalojo

Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales al entregarles el Consistorio hispalense partidas de 42.000 euros por su marcha, se auto exiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a represalias ante la muerte de un menor en un tiroteo, pero el 31 de julio de aquel año, tras todo un éxodo chabolista, regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas por EPSA. Durante y después del éxodo, periodo en el que habitaron diversos asentamientos chabolistas, la ya extinta Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio inició una investigación administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41 viviendas públicas habitadas por estas familias

De la mencionada investigación administrativa, cabe recordarlo, se desprende que al menos 36 de las 41 familias que componen el clan y que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas públicas carecían de vinculo legal alguno con los pisos en cuestión. En concreto, la administración autonómica resolvió positivamente en cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad y regularización de las viviendas, mientras que en 36 casos no se pudo demostrar la propiedad de los ocupantes. De los cinco casos con resolución positiva, no obstante, una familia renunció a la vivienda y otra no pertenecía propiamente al colectivo de chabolistas.