Unos 50 profesionales sociales y sanitarios, procedentes de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Cuenca se han formado en la capital regional en aspectos relativos a la prevención, la detección y la intervención social y sanitaria en casos de maltrato a las personas mayores, todo ello tratado desde las perspectivas social, psicológica, sanitaria, jurídica y ética.

Estos profesionales han participado en un curso de formación sobre prevención, detección e intervención social ante el maltrato a las personas mayores que ha impartido la Junta de Comunidades, en colaboración con el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, según informó la Junta en nota de prensa

Son profesionales del Trabajo Social, del Derecho, de la Medicina, de la Enfermería, de la Psicología, de la Terapia Ocupacional, de la Fisioterapia y de la Educación Social, provenientes especialmente de Centros de Día para Mayores, Servicios de Estancias Diurnas, Residencias de Mayores, Centros de Salud, Hospitales, Asociaciones de Autoayuda sanitarias y sociosanitarias de diverso tipo y Fundaciones Tutelares, así como de los Centros de Servicios Sociales de distintas localidades de la región.

Este curso de formación, que ya se ha celebrado en Guadalajara y en Toledo, continuará en Albacete con otras 50 plazas debido a la gran demanda de profesionales para formarse en esta materia.

Los cursos se enmarcan en el programa de formación a profesionales que trabajan en la atención a personas mayores en el ámbito comunitario que viene desarrollando desde el año 2007 el Gobierno de Castilla-La Mancha en colaboración con el Colegio de Trabajo Social y que culminará con la celebración los días 7 y 8 de octubre, en Ciudad Real, de las II Jornadas Regionales sobre Garantía y Protección de los Derechos de las Personas Mayores.

El temario se ha centrado en los pilares de la violencia oculta en el trato a las personas mayores, así como en aspectos generales relativos al mismo: conceptualización, tipos, prevalencia, estudios e investigaciones; los aspectos jurídicos y éticos del maltrato, haciendo un especial hincapié en su tratamiento en la legislación española; los aspectos sociales y psicológicos, con incidencia en el perfil del maltratador y de la víctima, en el apoyo y actuación social, así como en la intervención interdisciplinar en el maltrato a las personas mayores.

También se han analizado tanto aspectos médicos como sanitarios, centrando su exposición en la detección y prevención del maltrato desde instituciones sanitarias y sociales y se han realizado ejemplos de casos prácticos de intervención social desde los servicios sociales básicos, centros destinados a la atención de las personas mayores, hospitales, centros de salud y otras instituciones sociales y sanitarias.

El gran interés mostrado por los profesionales para formarse en la prevención, detección e intervención ante el maltrato a personas mayores ha sido destacado por el director general de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en Situación de Dependencia, Javier Pérez, quien ha inaugurado el curso impartido en Toledo junto con el secretario del Colegio de Trabajo Social, Javier Sánchez.

Para el responsable regional, la iniciativa tiene como finalidad sensibilizar y concienciar a los profesionales sociales y sanitarios que trabajan en el ámbito de la atención a las personas mayores y en materia de dependencia sobre este problema que se enmarca en el más general de la violencia familiar, aunque presenta características especiales.

Por otro lado, Pérez ha explicado que los cursos forman parte de una estrategia desarrollada por la Consejería de Salud y Bienestar Social de mejorar la prevención y detección de casos de maltrato a personas mayores en Castilla-La Mancha.

En ese sentido, el director general ha recordado que su departamento también mantiene una colaboración con la Unión Democrática de Pensionistas para desarrollar campañas de sensibilización social a través de seminarios y talleres sobre el maltrato a personas mayores.

Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 4 y el 6 por ciento de las personas mayores declara haber sufrido violencia familiar. Los estudios de prevalencia sitúan los casos de violencia institucional en un 10 por ciento.