El Consell de Govern aprobó hoy el Proyecto de Ley de mediación familiar de Baleares, que convierte este procedimiento en un servicio público con el objetivo de solucionar los conflictos mediante el diálogo y de una forma amistosa.

Según informó la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, las cuestiones que se pueden someter a la mediación familiar se deben referir siempre a materias de derecho civil de familia susceptibles de ser planteadas judicialmente, excepto aquéllos casos en los que se haya producido violencia o maltrato sobre la pareja o algún miembro de la familia, o cualquier otras actuaciones que puedan ser constitutivas de delito.

Santiago señaló que los mediadores no adoptan ninguna decisión, sino que deben ser las partes las que deciden y llegan o no a acuerdos sobre el conflicto que mantienen, y que puede versar sobre diversos temas como, entre muchos otros, las medidas patrimoniales derivadas de un divorcio, las cuestiones relativas al ejercicio de la guarda y custodia de los hijos o las derivadas de una adopción. (

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