El Consejo de Gobierno aprobó hoy un decreto que redistribuye las competencias de los órganos de la Junta de Andalucía encargados de imponer sanciones en materia de relaciones laborales, empleo, prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo temporal y de inserción.

Según explicó en rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, esta norma, que sustituye a la vigente desde junio de 2006, tiene como objetivo desconcentrar la labor sancionadora para agilizar los procedimientos administrativos.

Respecto a las sanciones relativas a empleo, relaciones laborales y empresas de trabajo temporal y de inserción, los órganos competentes para su imposición serán las direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en los casos de infracciones leves y graves (entre 60 euros y 6.250 euros); la Dirección Gerencia del SAE en las muy graves de grados mínimo y medio (entre 6.251 euros y 100.005 euros), y la Presidencia del SAE -que ostenta el consejero de Empleo- en las muy graves de grado máximo (entre 100.006 euros y 187.515 euros).

Para las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, el decreto atribuye la competencia sancionadora a las delegaciones provinciales en los casos de las leves y graves (desde 40 euros hasta 40.985 euros); a la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral las sanciones muy graves de grados mínimo y medio (entre 40.986 y 409.890 euros) y al consejero de Empleo en las muy graves de grado máximo (entre 409.891 y 819.780 euros).

Con la desconcentración de competencias aprobada, el Consejo de Gobierno cede a la Consejería de Empleo la potestad sobre las sanciones más elevadas, aunque mantiene la atribución de suspender o cerrar centros de trabajo cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en los ámbitos de la seguridad y salud.