El Parlament aprobó hoy, con los votos del PSIB, UM y Bloc y el rechazo del PP el Proyecto de Ley para reducir gastos en 103 millones de euros, que contempla la reducción en un 5 por ciento del sueldo de los funcionarios y trabajadores públicos, así como una disminución de los salarios de los altos cargos del Govern entre un 7 y un 9 por ciento.

Durante el Pleno, el portavoz del PP en el Parlament, Francesc Fiol, remarcó que su partido no puede votar a favor de que se disminuya un 5 por ciento el sueldo de los funcionarios y trabajadores públicos y, por ello, justificó su voto en contra de esta Ley, que se ha tramitado por lectura única.

Fiol criticó el hecho de que el Govern haya incluido este recorte de salarios en cumplimiento de un Decreto Ley aprobado por el Gobierno central que, a su juicio, es "fruto de la improvisación" y, por ello, lo calificó de "nefasto, inadecuado y vulnerador de derecho fundamentales".

"Algunos aspectos van en la buena dirección, pero la mayoría no, ya que con la aprobación de esta Ley, el Govern lesiona los derechos de los funcionarios transponiendo por imperativo legal el Decreto Ley del Ejecutivo central", recalcó Fiol, quien señaló que Baleares es la Comunidad en la que más ha aumentado el empleo público y, sin embargo, la cidada normativa no contempla ningún artículo para "contener este incremento".

Asimismo, criticó al presidente, Francesc Antich, por vivir "inmerso en un conflicto interno que debería haber motivado presentarse a una cuestión de confianza para ver si tiene capacidad para seguir gobernando esta Comunidad", teniendo en cuenta que no cuenta con la mayoría en la Cámara, a pesar de que hoy sí que la ha logrado de manera "inesperada", tras el apoyo de UM al proyecto de ley.

Precisamente, el portavoz de UM, Josep Melià, justificó su voto a favor de este Proyecto de Ley por una "cuestión de responsabilidad y de dar estabilidad" en un momento de "dificultades económicas graves" en el que el Govern debe "apretarse el cinturón".

Además, añadió que su grupo respalda esta normativa en "cumplimiento de la legalidad", ya que, según recordó, se debe adaptar el Decreto Ley aprobado por el Gobierno central para reducir el déficit público. No obstante, estimó que el Proyecto de Ley, aprobado el pasado viernes por el Govern, es "insuficiente", aunque es un "primer paso en positivo al primar la administración y recortar el gasto".

Por otro lado, dijo que a su grupo no le gusta esta normativa estatal, que contempla recortar en un 5 por ciento el sueldo de funcionarios y trabajadores públicos y, por ello, abogó por presentar contra ella un recurso de inconstitucionalidad, porque, a su juicio, supone una "invasión de competencias", respecto a la capacidad de "autoorganización y fijación de los sueldos en la administración pública" por parte de las Comunidades Autónomas.

Por otra parte, Melià arremetió contra la "política errática" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, caracterizada por la "improvisación continuada", dado que "está llevando al Estado a una situación preocupante, ya que no tiene capacidad de respuesta, sino que simplemente, plantea medidas que son un brindis al sol y sin una línea coherente que dé respuesta a la actual situación".

Por su parte, el conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, recalcó que las medidas para reducir gastos en 103 millones de euros, contempladas en el Proyecto de Ley, se suman a los 220 millones de euros que se presupuestaron menos en 2010, en relación al año anterior, por lo que, en total, las cuentas públicas han disminuido un 8 por ciento, respecto a 2009.

En esta normativa está incluida la reducción en un 5 por ciento a los funcionarios y trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma a partir del 1 de junio, mientras que las retribuciones de los altos cargos bajarán entre un 9 y un 7 por ciento.

Los altos cargos se bajan el sueldo

Concretamente, se reducirá en un 9 por ciento el salario del presidente del Govern, Francesc Antich; un 8 por ciento el de los consellers y miembros de la Sindicatura de Cuentas y un 7 por ciento el de los directores generales, gerentes de las empresas públicas, asesores y miembros del Consell Consultiu.

Asimismo, contempla una disminución en un 5 por ciento del presupuesto de las entidades del sector público autonómico una vez descontados los gastos financieros, lo que supondrá un ahorro cercano a los 33 millones de euros.

Por otro lado, establece que los contratos superiores a 6 millones de euros deberán ser autorizados por la Conselleria de Economía y Hacienda, que deberá emitir un informe sobre repercusiones presupuestarias y compromisos financieros relativos a los expedientes de contratos de colaboración público-privada o de concesión de una obra pública.

Además, mediante esta Ley, se creará una Central de Contratación, que tendrá como objetivo lograr los precios "más competitivos y razonables" a la hora de contratar por parte del Govern obras, servicios y suministros.

Manera recalcó que todas estas medidas, que permitirán situar el déficit público de Baleares en un 3 por ciento, en cumplimiento de las exigencias del Consejo de Política Fiscal y Financiero, no afectarán a las inversiones públicas de 900 millones de euros previstas para Baleares en 2010.

De ellos, detalló que 200 corresponden a las inversiones estatutarias; 500 proceden de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año; y 200 a las inversiones que se llevan a cabo en educación y sanidad en materia de cesión de crédito.

El bloc lo apoya por "imperativo legal"

El portavoz del Bloc, Biel Barceló, manifestó que su grupo apoya esta Ley por "responsabilidad en el caso de las medidas propias del Govern y por imperativo legal en el caso de las iniciativas del Ejecutivo central", a pesar de estar en contra de que se reduzca en un 5 por ciento el salario de los funcionarios y trabajadores públicos.

Estas manifestaciones fueron contestadas por el portavoz 'popular', quien recordó a Barceló que "nadie puede obligar a un parlamentario a votar en un determinado sentido", al tiempo que aseguró que también se puede aplicar el principio de "imperativo moral", consistente en no votar a favor de determinadas políticas con las que no se esté de acuerdo.

Barceló censuró que las medidas del Gobierno central "no son adecuadas", ya que todo el peso de los recortes de gastos "recae sobre los funcionarios, los pensionistas y las personas dependientes, que son los sectores más débiles que, además, no han provocado la crisis".

Así, consideró que lo "justo" hubiera sido que el mayor esfuerzo lo hiciesen las rentas más altas, para lo cual, a su entender, se debería haber incrementado los impuestos a este tipo de rentas, algo que, sin embargo, "ha sido esquivado totalmente por el Gobierno, que tampoco ha aprobado ninguna medida para luchar contra el fraude fiscal, a pesar de que anualmente, España pierde 31.000 millones de euros a través de esta práctica".

Necesidad de subir impuestos

Para el líder del Bloc, el recorte de gastos no debe afectar en ningún momento a los servicios básicos, como la educación, la sanidad y los servicios sociales", algo que, según advirtió, puede suceder si finalmente, no se aprueba una subida de impuestos en Baleares, que permita un incremento de los ingresos a la Comunidad Autónoma.