La secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, afirmó hoy que la Xunta pretende, con el convenio firmado con la Diputación de Lugo, el Ayuntamiento de Barreiros, y los constructores dotar de servicios básicos a los vecinos del municipio —mediante el acuerdo se urbanizará y construirá red de saneamiento y abastecimiento de la que carecen varias urbanizaciones— pero "no tiene como objetivo legalizar nada".

Así lo dijo durante su intervención en la Comisión 2ª de Ordenación Territorial, en la que subrayó que "no se discute" la clasificación del suelo, pero la "insuficiencia de servicios está reconocida" y el convenio pretende "arreglar una situación real creada" que tiene un impacto en la economía local y en la provincial.

Asimismo, Rivas apuntó que el anterior Gobierno de la Xunta "ya era consciente" de la situación y, por ello, dio los "primeros pasos" para sellar un convenio que va "en la misma dirección" que el actual.

De este modo, se redacta un plan sectorial de incidencia supramunicipal y cuatro planes concretos, uno para cada uno de los núcleos a los que afecta el convenio —San Cosme, San Pedro, San Miguel y Reinante—. Con el acuerdo, dijo, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas se compromete a dar soporte técnico y jurídico, mientras que la diputación presta colaboración "institucional, jurídica, material y técnica".

El municipio, por su parte, se compromete a garantizar una adecuada prestación de servicios a los ciudadanos. El gasto total previsto en el convenio asciende a 14,18 millones de euros, de los que la consellería aporta 2,35; la Empresa Pública de Obras e Servicios Hidráulicos (Eposh) otros 2,7; la Diputación 1,2 y el Ayuntamiento otros 7,2.

Por su parte, el diputado que planteó la pregunta, el socialista Ismael Rego, criticó que era la iniciativa privada la que se tenía que haber hecho cargo en su momento de la dotación de servicios, pero la Xunta pretende que los costeen "todos los gallegos", con la firma de este convenio. "Ahora nos hacen el favor de no pedir daños y perjuicios por la paralización de la obra", ironizó, en alusión a que los constructores renunciaron a reclamar para firmar el acuerdo.

Rego advirtió de que el asunto "pinta ciertamente mal", pues las edificaciones se levantaron en terreno no urbanizable e incumplen la ley, aprobada en la época de José Cuíña como responsable de política territorial, de que no se puede considerar que una parcela es solar si no cuenta con la red para dar los servicios básicos.

Investigación en viveiro

Por otra parte, el diputado del PPdeG José Manuel Balseiro preguntó por la licencia concedida en septiembre de 2006 a 11 edificaciones en el ayuntamiento lucense de Viveiro, autorizaciones que se dieron "por silencio administrativo pero con los informes municipales y sectoriales en contra".

En este sentido, Rivas apuntó que seis de esos permisos fueron objeto de "investigación por parte del ministerio fiscal" y se abrieron procesos que están "en curso". De hecho, concretó que la juez responsable requirió a la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística (APLU) un informe sobre este caso. La documentación que consta está aún pendiente de ser examinada en el juzgado número dos del municipio, dijo Rivas.

Al hilo de ello, Balseiro se preguntó si el anterior Gobierno de la Xunta "amparó con su inactividad estas prácticas". "Yo digo que sí", zanjó.