El pleno del Parlamento de Navarra aprobó hoy, con los votos a favor de UPN y PSN, la ley foral por la que se aplica un recorte salarial medio del 5 por ciento para sus funcionarios y del 15 por ciento para los miembros del Gobierno, además de otras rebajas que afectarán a las empresas públicas. El resto de grupos votó en contra. IUN anunció que la recurrirá al Tribunal Constitucional.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Caballero, señaló que el Ejecutivo foral entiende que la normativa básica es de obligado cumplimiento, lo que "no quiere decir que Navarra no tiene competencias". "Se adaptan así a Navarra las medidas de ajuste, dando cumplimiento a lo obligado y proponiendo otras medidas", señaló, al tiempo que, en un contexto de crisis económica, es preciso "combatir con el esfuerzo de todos, también del Gobierno de Navarra".

Según expuso, los porcentajes de reducción de los salarios de los funcionarios son "más suaves" que en la Administración del Estado, por lo que "en ese paralelismo los funcionarios de Navarra quedan algo beneficiados". Y agregó que el Gobierno foral, en un "ejercicio de responsabilidad" y "dando ejemplo", se ha aplicado la reducción salarial de manera que tanto el presidente como consejeros verán reducidas sus retribuciones un 15 por ciento.

Tal y como estaba previsto, la rebaja salarial a los funcionarios oscilará entre el 6,70 por ciento del nivel A y el 0,24 por ciento del nivel E. Entre estos dos extremos, el nivel B sufrirá una rebaja del 4,86 por ciento; el nivel C, del 3,54 por ciento, y el nivel D, del 1,38 por ciento. Esta rebaja se aplicará a partir del 1 de junio. No obstante, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de mayo, el Gobierno de Navarra incrementará las retribuciones en un 0,3 por ciento, de acuerdo con el pacto suscrito con los sindicatos. Esto significa que, en la práctica, los funcionarios de nivel E no se verán afectados por el recorte por unas centésimas.

Por otra parte, los directores generales sufrirán un recorte del 8 por ciento y el personal directivo de los organismos públicos, empresas y fundaciones públicas se verá afectado por una rebaja de entre el 7 y el 12 por ciento, en función de sus retribuciones. Además, el personal de gabinetes de presidente y consejeros verá reducido su sueldo en un 7 por ciento, excepto el personal administrativo y auxiliar, cuya reducción será la fijada para los correspondientes niveles del funcionariado.

El proyecto de ley recoge algunas precisiones que afectan a diferentes grupos de la Administración. En concreto, la reducción salarial para los directores de Servicio y sus organismos autónomos, así como el resto de personal directivo nombrado entre funcionarios será del 7 por ciento.

Además las retribuciones del personal docente e investigador contratado de la Universidad Pública de Navarra se reducen conforme al nivel correspondiente del personal al servicio de las Administraciones públicas. Igualmente, se reducen en un 5 por ciento los complementos retributivos adicionales ligados a méritos individuales del personal docente e investigador funcionario con dedicación a tiempo completo.

Para la enseñanza concertada, el Gobierno de Navarra reducirá en un 5 por ciento la cantidad que transfiere a los colegios concertados para el pago de las nóminas a los docentes.

En el caso de las entidades locales de Navarra, el ahorro derivado de la reducción de costes de personal en los ejercicios 2010 y 2011 deberá ir destinado al saneamiento de remanentes de tesorería negativo de la última liquidación, a la disminución del endeudamiento a largo plazo y a la financiación de inversiones, por este orden.

Asimismo, las entidades locales que tengan obras acogidas a los Planes de Infraestructuras e Inversiones Locales para los periodos 2005-2008 y 2009-2012 podrán concertar créditos para la financiación del porcentaje de aportación que les corresponda, una vez comprobada por el departamento de Administración Local la viabilidad económica del proyecto.GRUPOS

El portavoz regionalista, Carlos García Adanero, señaló que este proyecto es "cumplimiento estricto del decreto aprobado en las Cortes". "Lo que hay que hacer es aportar, dentro de nuestras competencias, para reducir el 5 por ciento el salario de la Función Pública", dijo, para señalar que "es más fácil votar que no pero es más irresponsable".

El parlamentario defendió que "no podemos gastar más de lo que ingresamos". "El objetivo es rebajar el déficit y que el equilibrio entre ingresos y gastos sea el adecuado", sostuvo.

El socialista Samuel Caro señaló que situaciones excepcionales, como esta crisis, requieren de soluciones excepcionales y afirmó que otros países también están adoptados medidas de recorte. Defendió así que las medidas que se toman en España son "estrictamente necesarias", medidas que también se deben adoptar en las CCAA y en las entidades locales.

Según dijo, "se ha hecho una buena adaptación del marco de la ley orgánica" y manifestó que "no son decisiones fáciles, que piden más esfuerzo a quienes más estabilidad tienen". "Esto no es un capricho", sostuvo, para señalar que "aunque haya quien quiera aprovechar esta situación para hacer electoralismo, nosotros sólo estamos pensando sacar nuestro país adelante en estas circunstancias sumamente difíciles", aún a riesgo de tener un "coste electoral".

En contra, el portavoz de Nafarroa Bai Patxi Zabaleta, que se preguntó cuánto dinero se va a ahorrar con estas medidas, manifestó que el déficit público "no es elemento to más grave de esta crisis, sino que es el paro" para añadir que no se ofrecen respuestas para resolver este problema, que a su juicio, debieran ser las "primeras".

El parlamentaria señaló que se podrían adoptar otro tipo de medidas y se refirió a que en Alemania "se va a reducir el número de soldados del Ejército", una medida que a su juicio se podría adoptar en España. También abogó por reducir a la mitad los cargos de libre designación. Aprovechó su intervención para decir que "hoy es un día triste porque se ha eliminado la apariencia de diálogo" en torno a la reforma laboral y "dentro de poco vendrá dura norma que afectará a las relaciones laborales".

Por CDN, José Andrés Burguete manifestó que "hoy se consuma el 'recortazo foral', el mayor recorte de la historia de la democracia en Navarra". Y criticó que no ha existido concertación en torno a este proyecto de ley. A su juicio, este proyecto debiera haberse discutido y contar con un informe del Consejo Económico y Social.

Defendió la necesidad de la austeridad y del control del gasto público y añadió que Navarra cuenta con el autogobierno para "autoorganizarse". "Hay una incoherencia, una incongruencia y cierto ocultismo", criticó, para opinar que "se van a aplicar medidas injustas".

El portavoz de IUN, Ion Erro, lamentó que se apruebe la "versión foral del 'derechazo' de Zapatero, haciendo de la mayoría absoluta de UPN y PSN la ejecución de nuevo y duro ajuste económico en Navarra", que calificó de "ajuste totalmente injusto e innecesario". Anunció que presentarán un recurso de inconstitucionalidad al proyecto, por su tramitación y retroactividad a uno de junio.

Según dijo, esto es una "chapuza legal" que "queremos que se corrija por la vía de los tribunales". "Lo rechazamos por el fondo y por la forma", y habló de "auténtico desastre" de la gestión de un Gobierno central . "Estas medidas añaden más incertidumbre a la salida de la situación económica, son unas medidas contraproducentes", dijo, para señalar que "van a entorpecer la recuperación económica".