La Junta de Personal del Ayuntamiento de Zaragoza atribuyó hoy que en la reunión con responsables del área de Régimen Interior no se llegara a un acuerdo sobre la reducción del salario al personal laboral municipal porque no les facilitaron por escrito las tablas con los porcentajes a aplicar y anunciaron que una vez que dispongan de estos datos lo analizarán tras la huelga de funcionarios del 8 de junio.

El consejero municipal de Economía, Hacienda y Régimen Interior, Francisco Catalá, replicó a los sindicatos que "no han solicitado ningún dato" y recordó que al no llegar a acuerdos sobre la reducción a los alrededor de 120 empleados laborales municipales se aplicará la reducción del 5 por ciento.

El presidente de la Junta de Personal, Óscar Andreu, relató que "Catalá nos convocó por teléfono para explicarnos hoy su voluntad de aplicar el 5 por ciento" y añadió que "cuando tengamos la propuesta por escrito la estudiaremos porque hoy no nos han dado nada por escrito".

En declaraciones a los medios de comunicación, Andreu precisó que la reducción salarial a los funcionarios es competencia del Gobierno de Zaragoza puesto que se recoge en un decreto ley y añadió que "ahora hay convocada una huelga general y no vamos a negociar una responsabilidad que es del Gobierno municipal, a quien corresponde aplicar el decreto ley".

Por su parte, Catalá insistió en que "no han pedido absolutamente nada" y agregó que las tablas con las reducciones por categorías laborales se aprobarán por el Gobierno de Zaragoza y puesto que no se ha llegado a ningún acuerdo "se aplicará el 5 por ciento a todo el personal laboral y en todos los conceptos". Esta medida afectará a unos 120 empleados laborales.

El Gobierno de Zaragoza también aprobará la reducción salarial de los funcionarios entre un 3 y un 6 por ciento, mientras que la rebaja de los miembros del equipo de gobierno (15%), el resto de concejales (10%) se aprobará por el pleno municipal.

"tan duro como cualquier empresario"

Por otro lado, la Junta de Personal criticó que no se llegara a un acuerdo sobre los trabajadores de Casa Socorro que a partir del 1 de julio desaparecerá para convertirse en el Centro de Prevención de Salud Laboral, decisión que también ratificó el pleno municipal del pasado mes de marzo.

Esta supresión supondrá el despido de 10 médicos que prestaban servicios por horas en Casa Socorro a los que se indemnizará con 20 días por año trabajado, y el resto pasarán a integrarse en el Servicio de Prevención de Salud Laboral.

"Lo que se ha demostrado es que el Gobierno municipal es tan duro como cualquier otro empresario para despedir a los trabajadores" sentenció el presidente de la Junta de Personal.

La nueva relación de puestos de trabajo (RPT) se ha realizado con "el único criterio de ahorrar 7.000 euros" agregó Andreu al apuntar que será el ahorro anual de prescindir de estos 10 médicos.

Por su parte, la concejal delegada de Régimen Interior, Lola Ranera, explicó que el despido de estos 10 médicos "es un despido objetivo por causas de reorganización" y explicó que otros 12 ó 14 funcionarios (oficiales, conductores, administrativos) se redistribuirán y en el Centro de Prevención de Salud Laboral continuarán otros 20 trabajadores (6 médicos, 1 radiólogo, 1 ATS, 4 ó 5 oficiales, 2 auxiliares administrativos y 5 auxiliares de clínica).

En declaraciones a los medios de comunicación, Ranera estimó que el ahorro de esta reorganización de 7.000 euros anuales "se ajusta a las necesidades del servicio".

Ranera también apuntó que la negociación con el Salud del Gobierno de Aragón está "muy adelantada" para que los 1.700 empleados públicos del Ayuntamiento que recibían asistencia sanitaria en Casa Socorro pasen al sistema general a partir del 1 de julio de este año.

Desde Régimen Interior se remitirá la próxima semana una carta individualizada a estos empleados públicos para explicarles los trámites a seguir para disponer de la tarjeta sanitaria. El Ayuntamiento "les simplificará los trámites para facilitar este proceso" incidió Ranera para añadir que junto a la carta les remitirán el número de afiliación, los beneficiaros, y el domicilio por el que se les asignará su correspondiente Centro de Salud.

La concejal de Régimen Interior también quiso dejar claro que a los trabajadores con enfermedades graves "se les garantiza la continuidad de su tratamiento en el Salud" en referencia a personas que están bajo tratamientos de quimioterapia, entre otras.