Unas 4.000 personas, según los participantes —tanto la Policía Nacional como la Policía Local declinaron hacer una valoración—, en la capital tinerfeña partieron desde la plaza Militar hasta la sede de Presidencia.

La 'gesta' del presidente del Gobierno de España y su decreto pareció oscurecer la convocatoria, no obstante, los participantes lo tenían claro: "Esto no es por el recorte, sino por las pretensiones del Gobierno de Canarias con la Ley de Función Pública Canaria".

En opinión de una de las mujeres que repartía octavillas entre curiosos y vecinos al paso de los manifestantes, se trata de que el Gobierno de Canarias no elimine puestos de trabajo, que contrate a sustitutos, interinos y personal en las áreas de Sanidad, Educación y en aquellos ámbitos donde haga falta para dar un "buen servicio" a los ciudadanos.

Los manifestantes en Tenerife hablaron de decepción —"20 años de decepción"— en una batalla en la que se pretende según los presentes restar derechos a los ciudadanos, poniendo además en contra a los canarios con los funcionarios.

Según uno de los folletos, "anda el Gobierno empeñado en cargar gran parte de la culpa del disparatado gasto público en las retribuciones que le paga a los empleados", para luego desgranar las cuentas, los gastos y las inversiones en cargos de confianza y duplicidad de consejerías en donde va gran parte del dinero.

Quienes se concentraban bajo los gritos de 'Zapatero, dimisión' o 'Coalición, tu abstención es traición' o 'Soria, mira no estamos en la playa' recalcaron a todo el que se acercó a ellos que tras este decreto hay un interés serio en privatizar los servicios.

"Este gobierno [canario] se ha dedicado a estropear, engañar y modificar a su antojo para preservar tan sólo derechos privados. Donde ha tocado este gobierno lo que ha hecho es privatizar y ya en su desfachatez se ha inventado una Policía Autonómica que no hace falta en estos momentos y se gastan millones en sueldos para 50 policías cuando realmente no tienen competencias", aseveró uno de los manifestantes.

"Realmente ¿qué es lo que nos quiere decir este gobierno? Vamos a perder empleo público y dejar de prestar servicios públicos para dárselo a mis amigos". "Hay que empezar a hacer un movimiento para defender unos derechos que si el gobierno canario puede nos quita del mapa. Crean, incluso, un nuevo cuerpo de empleados públicos con contratos blindados ¿dónde estamos?", recalcó. Y

En las palmas, TAMBIÉN

Desde Intersindical Canaria, también mostraron su satisfacción por el número de asistentes que cifraron entre 4.000 y 5.000 personas. Insistieron en que la mayoría de los funcionarios son mileuristas y que el 90% de los empleados públicos se dedican a asistir a los ciudadanos en servicios tales como sanidad, justicia, docencia y seguridad y apenas un 10% a tareas de administración.

"Nosotros los funcionarios, no sobramos. Sobran ellos, los políticos y cargos de confianza", declararon, señalando, además que la Ley de Función Pública precariza aún más la situación de los empleados públicos recordando que la iniciativa de hoy de Zapatero empeora la situación de los trabajadores del sector en Canarias. "Llueve sobre mojado", explicaron señalando que el peor de los empleadores es la administración canaria.