El Consejo de UGT-PV rechaza el anuncio del Gobierno y apoya las movilizaciones de los empleados públicos

El Consejo de UGT-PV, compuesto por las federaciones nacionales, uniones comarcales y departamentos nacionales del sindicato en la Comunitat, manifestó hoy su "rechazo" al recorte del gasto público anunciado por el Gobierno la pasada semana y mostró su apoyo a las movilizaciones de los empleados públicos el 20 de mayo y el 8 junio próximos, informó hoy el sindicato en un comunicado.

El Consejo de UGT-PV, compuesto por las federaciones nacionales, uniones comarcales y departamentos nacionales del sindicato en la Comunitat, manifestó hoy su "rechazo" al recorte del gasto público anunciado por el Gobierno la pasada semana y mostró su apoyo a las movilizaciones de los empleados públicos el 20 de mayo y el 8 junio próximos, informó hoy el sindicato en un comunicado.

Para el sindicato, la decisión del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero supone "el incumplimiento del acuerdo de la función pública" y conllevará "un retraso en la recuperación económica y el crecimiento", además del incremento del desempleo en España.

El Consejo de UGT-PV considera que la estrategia de reducir el déficit público a través del recorte del gasto en pensiones, en retribuciones del sector público y en la inversión productiva "no es la acertada". Por el contrario, sostiene que la alternativa adecuada pasa por la recuperación del Impuesto de Patrimonio, la reactivación del Impuesto de Sucesiones, el incremento del IPRF para las rentas más altas, el aumento del IVA a los bienes de lujo y el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal.

De este modo, podría evitarse, según el sindicato, el recorte de salarios de los cerca de 230.000 trabajadores de la función pública en la Comunitat, 2,7 millones en España, una "parte fundamental de los pilares de la estructura del Estado". En su opinión, este recorte, "además de perjudicar gravemente su poder adquisitivo y su prestigio social, afectará a los niveles de consumo agregado de nuestra economía".

Por otra parte, el Consejo añade que algunas propuestas como la congelación de las pensiones o la suspensión del régimen transitorio creado en 2007 para el fomento de la jubilación parcial, "rompen el consenso parlamentario del Pacto de Toledo y ponen en riesgo las decisiones sobre Seguridad Social sometidas a acuerdo parlamentario".

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