El balance del plan integral frente a las agresiones del personal de las instituciones sanitarias de la Comunidad refleja que tan sólo 87 de los 408 empleados agredidos a lo largo del pasado año presentaron denuncia, que en 53 de los casos concluyeron con una sentencia condenatoria para los agresores.

Así lo puso de manifiesto el consejero de Sanidad, Francisco Álvarez Guisasola, quien antes de presidir el Observatorio de Agresiones al Personal de las Instituciones Sanitarias de la Comunidad, explicó que el pasado año se presentaron 87 denuncias por agresiones que conllevaron 63 sentencias, de las que diez fueron absolutorias y las 53 restantes, condenatorias.

El consejero, quien reconoció que generalmente los trabajadores no quieren verse implicados en "tediosos" procesos judiciales, consideró no obstante que las denuncias irán en aumento a medida que los trabajadores comprueben que gozan de protección tanto administrativa como jurídica.

Además, siete de las sentencias dictadas en Castilla y León condenan a los agresores a penas de prisión, dos de ellas de dos años de cárcel, por un delito de atentado contra funcionario público.

Los datos ofrecidos por el consejero sitúan en 338 los incidentes registrados el pasado año (se comparan los datos del primer semestre, en el que aún no estaba en marcha el Plan, con los del segundo, en el que comenzaron a ejecutarse las medidas) y en 408 los trabajadores agredidos (144 facultativos, 205 personal de enfermería y 59 de otro personal).

Sin áreas "especialmente agresivas"

De los 338 incidentes, 63 se produjeron en el área de salud León mientras que Burgos y Valladolid Este registraron 47 cada una —"no existe ningún área especialmente agresiva"— y, respecto a los resultados de la puesta en marcha del Plan, los incidentes se redujeron en un 22 por ciento en términos generales mientras que, de manera detallada, decrecieron un 15 por ciento los trabajadores agredidos y el 13 por ciento el número de agresiones en la comparativa entre los dos semestres.

Uno de los principales descensos, según las estadísticas, se registró en las agresiones computadas en Atención Especializada, campo en el que se redujeron en un "importante" 42 por ciento (de 113 a 66 casos) teniendo en cuenta, según Guisasola, que esta gerencia es precisamente la que presentan siempre las cifras más elevadas.

Por el contrario la cifra de incidentes —el 86 por ciento fueron provocados por un único autor, en el 69 por ciento de los casos hombres— creció en Atención Primaria (de 71 casos a 81) pero tanto la Gerencia de Salud de Área como Emergencias Sanitarias computaron descensos del cien y del 80 por ciento, respectivamente.

Las agresiones físicas se producen, en el 53,4 por ciento de los casos, en la atención especializada en psiquiatría, el 13,8 por ciento en urgencias y el 32,8 por ciento en otros.

Respecto al personal víctima de estas agresiones, sólo creció el de los celadores pero en un 60 por ciento (de diez a 16 casos) y, por el contrario, descendieron en facultativos (de 73 a 71), enfermeros (de 69 a 63), auxiliares de enfermería (de 47 a 26) y otro personal (de 22 a once), lo que provocó lesiones al 19,85 por ciento de los agredidos —el 3,18 por ciento requirió baja médica— de los que cuatro fueron derivados a psicólogos.

En lo que a la tipología de agresiones se refiere, se dividen en verbales (61%), físicas (21%) y psicológicas (18%) y, sobre su evolución, descendieron las verbales y las físicas en un 18 y un 22 por ciento pero crecieron en un 17 por ciento las psicológicas.

La prevención

La inversión destinada a las actuaciones preventivas fue de 8,1 millones de euros, según el consejero, quien puso de manifiesto que de los 45 puntos críticos de Atención Primaria, diez no registraron ningún incidente, otros 17 computaron uno leve y los 18 restantes mantendrán, posiblemente, su calificación.

De este modo, se mantendrán como centros conflictivos los servicios de Psiquiatría, urgencias, módulos penitenciarios y uvis móviles así como los centros donde se haya producido más de un incidente, haya sido agredido más de un profesional o se haya registrado alguna agresión física.

Tras resaltar que a lo largo de este año se invertirán 200.000 euros para la adopción de medidas de seguridad en estos centros, Guisasola recordó que existen ya dispositivos de alarma o pulsadores antipánico en 120 centros de Atención Primaria y videocámaras en 45 así como vigilancia de seguridad en todos los hospitales y 18 centros de Atención Primaria.

Las medidas de seguridad y organizativas, con una inversión de 6,4 millones, prevén la creación de unidades específicas de atención al usuario, especialmente en urgencias o la instauración del triaje, existente en casi todos los servicios de urgencias, mientras que en lo relativo a la formación se programaron 336 cursos de prevención de agresiones dirigidos a 8.190 trabajadores.