Según la portavoz socialista, Teresa Rosique, «el procedimiento administrativo está plagado de supuestas irregularidades» que podrían ser constitutivas de delitos de «prevaricación o tráfico de influencias». Rosique dice que la Comunidad ha valorado los terrenos en 3 millones de euros, «muy por debajo de su valor real» ya que si el valor fuera de 3,6 millones «tendría que aprobarlo la Asamblea Regional», como obliga la ley.