El director general de Consumo del Gobierno de Aragón, Francisco Catalán, manifestó hoy que el número de consultas y reclamaciones de Consumo disminuyó en 2009 un 1,3 por ciento en la Comunidad autónoma, algo que achacó, entre otras cosas, a las campañas de formación e información desarrolladas, a la actividad inspectora y a las líneas de colaboración con las organizaciones empresariales.

Así lo manifestó en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, solicitada por la consejera de Salud y Consumo, Luisa Noeno, para que informara sobre la actividad de la dirección general.

Catalán precisó que en total hubo 93.147 solicitudes, entre consultas, quejas, denuncias y reclamaciones, ocupando el primer lugar las referidas a telecomunicaciones, con un 5 por ciento de aumento, y el segundo las relativas al sector financiero, con un incremento del 14,7 por ciento, sector que suplantó al de la vivienda, que hasta ahora ocupaba el segundo lugar.

En 2009, la vivienda fue la tercera causa de reclamación, con una reducción del número de consultas del 36,6 por ciento, "pudiendo haber influido el parón del sector", comentó el director general, para agregar que los servicios de interés general ocuparon el cuarto puesto, con un notable incremento del 96,5 por ciento, consultas originadas por la liberalización del sector eléctrico, dijo.

El director general trasladó otras cifras durante su comparecencia, como la actividad de la Junta Arbitral de Consumo para la resolución extrajudicial de los conflictos, que en el 2009 tuvo 1.693 reclamaciones interpuestas, lo que supuso un aumento del 11,8 por ciento, siendo, de nuevo, el sector de las telecomunicaciones el que más reclamaciones generó, el 65 por ciento.

Los expedientes resueltos fueron 1.217, un 9,1 por ciento más que el año anterior, según comentó el director general, que apuntó, asimismo, que en lo que va de legislatura el número de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo se ha incrementado un 25 por ciento -con 2.859 empresas adheridas— y por tanto también hay un aumento de la actividad.DESCENTRALIZACIÓN

Francisco Catalán explicó que se "ha avanzado" en la descentralización de la actividad de la Junta Arbitral de Consumo, estableciendo contactos con los representantes municipales y de las comarcas interesados en que haya colegios arbitrales, en función del número de peticiones de arbitraje que haya.

Además, se han firmado convenios con asociaciones empresariales que, entre otras cosas, han contribuido a que más de cien autónomos se hayan sumado al Sistema Arbitral de Consumo. Asimismo, continuó, los inspectores incluyen dentro de su labor divulgativa la promoción de este sistema.

El director general se refirió a otras cuestiones, como la formación, el trabajo con las asociaciones, el incremento de la participación a través de la creación del Observatorio Aragonés de Consumo, y el seguimiento a sectores como el comercio electrónico, el sector financiero y el de la vivienda.

Asimismo, indicó que la labor inspectora dobló el número de actuaciones en 2009 con el mismo número de inspectores; se trabaja en la carta de servicios y derechos de los ciudadanos y se ha coordinado desde Aragón la posición de las Comunidades autónomas en asuntos relacionados con el Consumo con motivo de la Presidencia española de la Unión Europea.

Algo falla

La diputada del Partido Popular, María Felisa Rodríguez, estimó que "algo está fallando", si a pesar de la cobertura legal "muchas personas ven menoscabados sus derechos" y se preguntó si la causa podía ser la "poca" o "mala información" o la "lentitud" de los mecanismos de acción.

También se interesó por conocer si el número de inspectores era "suficiente" y si las Oficinas de Información al Consumidor (OMIC) estaban extendidas por todo el territorio.

La diputada de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, consideró que los consumidores aragoneses "no están bien protegidos" ante "determinados abusos" de los sectores de las telecomunicaciones, financieros y de la vivienda e incidió en la protección de las personas mayores y de la población que reside en el medio rural en esta materia.

La diputada del Partido Socialista, Isabel de Pablo, uno de los grupos que apoya al Gobierno autonómico, resaltó las actuaciones de la dirección general en la mejora de la participación social, la formación, la "transparencia y calidad de sus servicios" y el "avance en la descentralización de la Junta Arbitral de Consumo, con casi 3.000 empresas adheridas".

En esta línea, el diputado del Partido Aragonés, Javier Callau, el otro grupo que apoya al Gobierno, expresó la "importancia" de la Junta y de la inspección "dos puntales claves para una protección y defensa del consumidor, adecuada, ágil y que evite gasto de tiempo y dinero" de los procesos judiciales y animó al director general en seguir en su labor "orientación, formación e información" de los consumidores.