Según la calificación del ministerio público, a la que tuvo acceso Europa Press, en septiembre de 2007 la mujer llegó a España con intención de trabajar en labores de asistencia de personas mayores, animada por su prima, la acusada M.L., también de nacionalidad rumana.
No obstante, cuando la mujer llegó a Córdoba y dado que para el viaje la acusada y su novio, el también procesado G.C.M. le habían prestado 200 euros y no encontraba trabajo, le obligaron a ejercer la prostitución.
Asimismo, le quitaron su documentación personal, obteniendo los acusados el 50 por ciento de los ingresos de la víctima durante el periodo en el que ejerció dicha actividad.
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