El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, aseguró que "la reforma debe de ser una oportunidad histórica para todos, para luchar contra las bandas de carteristas de las grandes ciudades pero también contra ésos otros grupos también organizados que actúan en los pueblos y que se dedican a robar frutas, hortalizas o el cobre de las instalaciones de riego aprovechando la generosidad de la Ley".

Al respecto, la organización agraria manifestó que lleva décadas exigiendo sin éxito cambios legales para penalizar la reincidencia en los robos de productos, maquinaria o materiales agrícolas y ganaderos.

"Efectivamente, como en el caso de las grandes ciudades, la delincuencia ha aprovechado la laxitud del actual Código Penal para estructurar su actividad en torno a bandas organizadas, que actúan con práctica impunidad gracias a la consideración del hurto como una falta siempre y cuando éste se realice por un valor inferior a los 400 euros", indicó.

Para Aguado, "cada hurto no merece mayor castigo que el aceptar el tener que estar localizado permanentemente entre 4 y 12 días y el pagar una multa leve". En el caso de los cítricos, haría falta sustraer más de 1.600 kilogramos de naranjas para que el acto fuera considerado delito lo que, como reiteró Aguado, "ha facilitado la consolidación de un mercado negro paralelo de frutas y hortalizas robadas que tienen su propia estructura 'comercial' plenamente asentada".

Buena muestra de ello, agregó, es la actuación de la Guardia Civil que, con la colaboración de la organización agraria, "detuvo a los responsables de un almacén de dudosa legalidad de Benaguasil que se suministraba de fruta robada de toda la comarca de Camp de Túria", dijo.

En este sentido, AVA-Asaja valoró la propuesta entre PSOE y CiU para crear un registro nacional que sirva para comprobar la identidad de quien reincide en este tipo de hurtos, ya sean urbanos o rurales. "Más efectivo si cabe sería la propuesta trasladada por esta organización agraria a los grupos parlamentarios que propone una consideración específica para los delitos agrarios y que, entre otros cambios, supondría rebajar de 400 a 100 euros la cuantía de lo sustraído para que la acción tuviera la consideración y el castigo del delito de hurto", concluyó.