Organizaciones humanitarias de Argentina y España junto al Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, han presentado este miércoles en los tribunales de Buenos Aires una demanda para que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco.

La denuncia quedó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, informaron portavoces de los demandantes. Los organismos humanitarios y el argentino Pérez Esquivel confían en que las "víctimas de la dictadura franquista" se vayan sumando paulatinamente a esta querella, agregaron.

Esta "querella criminal" por "delitos de genocidio y/o de lesa humanidad" abarca al período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, según el texto. Se fundamenta en el principio de "jurisdicción universal" para juzgar crímenes de lesa humanidad contemplado en la Constitución de Argentina y "consagrado en el Derecho Internacional", explica.

En España, sostiene, hubo "un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes".

Darío Rivas Cando, en representación de la española Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, encabeza la demanda por el fusilamiento su padre, Severino Rivas Barja, cometido en 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei (provincia de Lugo, norte de España).

Piden detener a Fraga

De momento, varios colectivos de Galicia han anunciado que se sumarán a esta querella en representación de más de 5.000 gallegos represaliados durante esa época. Además, indicaron que pedirán la detención del senador del PP Manuel Fraga.

Según explicaron representantes de Nova Esquerda Socialista y de la Comisión viguesa pola Memoria do 36, el próximo viernes viajará a Buenos Aires su abogado, Gustavo García, para aportar documentación sobre más de 5.000 víctimas de lo que tachó como "un auténtico genocidio gallego". El letrado insistió en que esos delitos "son de lesa humanidad", por tanto no prescriben ni están afectados por las leyes de amnistía. Así, advirtió la "paradoja" de que el Supremo desautorice al juez Baltasar Garzón, mientras que declaró la competencia de los tribunales españoles para enjuiciar los crímenes de las dictaduras chilena y argentina.