En este sentido, CCOO indicó en una nota que ha habido recortes de financiación cercanos al 50 por ciento y una reducción de más de 5.000 puestos de trabajo en el último año, que en Jaén se ha cobrado ya más de 40 empleos. Estos factores dejan "sin margen de maniobra" a la empresa postal y tiene consecuencias sobre la calidad del servicio y los derechos de las trabajadoras.

Tras el acto, los participantes trasladaron después su protesta al vestíbulo principal de Correos en la capital, donde repartieron el manifiesto 'Por la viabilidad del correo público', en el que se recogen sus principales demandas.

Según añadió, en la provincia jiennense las inversiones para 2010 se han reducido un 30 por ciento (605.000 euros) y la aportación destinada a construcción, un 73 por ciento (705.000 euros), recortes económicos que provocan la "paralización de la remodelación de edificios casi ruinosos, como el de Andújar, y de la adquisición o alquiler de locales en poblaciones como Guarromán, donde el servicio postal se ha llegado a prestar en plena calle".

Además, la reducción de la contratación en más de un 30 por ciento en el último año para sustituir bajas o permisos perjudica a la calidad del servicio, con demoras en la entrega que puedan llegar a superar los siete días y que, en los últimos meses, han derivado en una acumulación, sólo en la ciudad de Jaén, de 2.000 certificados y notificaciones.

En la misma línea se pronunció el delegado sindical de CSIF en Correos, Blas Buendía, al manifestar que esta "dejadez" se traduce en la prestación de un servicio en "pésimas condiciones". "Las cartas, paquetería, todo el servicio que se presta se está viendo muy ralentizado en toda la provincia por la falta acuciante de medios y personal", apostilló.

Regulación del servicio

En este sentido, destacó que este panorama se está produciendo en el marco de la inminente liberalización del mercado postal por la entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2011 de la Tercera Directiva Postal Europea.

Por ello, con el encierro, simultáneo a acciones similares en el resto del país, la mayoría sindical exige un plan de viabilidad para basado en una moratoria de la citada norma que el Gobierno, aprovechando la presidencia europea, "tiene la oportunidad de hacer". Igualmente, se pide la definición del futuro modelo postal español que garantice un servicio público universal y su necesaria regulación mediante una Ley Postal que ajuste la competencia, favorezca el empleo y consolide a Correos como operador público de referencia, garantizando su viabilidad económica y empresarial.

Por otro lado, con la actual unidad de acción, solicitaron el desbloqueo del convenio colectivo para personal laboral y el acuerdo para funcionarios, que lleva bloqueado desde hace más de un año y del que la empresa hace "uso partidista".