Una ley militar israelí cuya vaga formulación abre la puerta a deportaciones masivas en el territorio ocupado de Cisjordania ha entrado en vigor este martes, pese a las protestas de dirigentes palestinos y ONG locales.

Aprobado hace seis meses, el texto legal flexibiliza la definición de "infiltrado" en Cisjordania y permite al Ejército israelí expulsar a todos los residentes que no tengan "permisos válidos" emitidos por las autoridades del Estado judío.  El enunciado es tan genérico que, según alertan diversas ONG, convierte en potencial delincuente a todo residente en Cisjordania, a excepción de los colonos judíos, que en su inmensa mayoría tienen ciudadanía israelí.

"La nueva definición de infiltrado es tan genérica que convierte virtualmente a cualquier persona presente en Cisjordania en un posible delincuente candidato a la deportación", denuncia el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR). El Ejército se ha apresurado a aclarar que "evidentemente la norma no se aplica a los residentes legales en la zona, que están inscritos en el censo", sino a quienes "entren o se queden en ella sin permiso".

Además defiende que se trata tan sólo de una enmienda para incorporar una "revisión judicial" a una ley que permite "la repatriación de residentes ilegales bajo un proceso administrativo que no requiere supervisión judicial". De acuerdo a su definición desde 1969, los "infiltrados" eran las personas que permanecían ilegalmente en territorio israelí tras pasar por alguno de los países entonces considerados enemigos: Jordania, Egipto, Siria y Líbano (los dos últimos lo siguen siendo).

El nuevo enunciado da luz verde al encarcelamiento durante un máximo de siete años o a la deportación de aquellas personas residentes en Cisjordania sin permiso, que se estiman en decenas de miles. Se trata, por ejemplo, de los habitantes de Cisjordania (donde viven unos dos millones y medio de palestinos) en cuyo documento de identidad figure como lugar de residencia la franja de Gaza.

También es el caso de aquellos palestinos nacidos en Cisjordania que por diversas razones perdieron su estatus de residente y de las esposas de palestinos que nacieron en el extranjero pero viven allí. Para el PCHR, miles de palestinos corren así el riesgo de ser expulsados de sus hogares, lo que supondría una violación de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe la transferencia forzosa de población y la deportación en territorio ocupado.

La nueva orden, afirma la ONG, "forma parte de la política de ocupación, 'apartheid', colonización y desplazamiento forzoso" efectuada por Israel desde hace años. Mientras que la expulsión puede efectuarse apenas tres días después de su aprobación, la audiencia sobre el caso puede retrasarse hasta ocho días después de la orden, cuando ya sería demasiado tarde.