Según explican en un comunicado, el STEC-IC demandó al también presidente del PP de Canarias por difamar "gratuitamente" al profesorado canario al afirmar que se "se acabaron las bajas para ir a la playa".

Así, indican que el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la demanda por "tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen", presentada por el STEC-IC contra el Vicepresidente "por declarar gratuitamente, entre otras descalificaciones totalmente improcedentes, que "se van a acabar las típicas bajas por depresión de personas que se pasan el día en la playa".

El STEC-IC anunció, inmediatamente después de producirse "éstas y otras vergonzosas declaraciones" a mediados del mes de noviembre, la presentación de una demanda contra Soria la cual se hizo efectiva tras los pertinentes estudios jurídicos.

En los "hechos" contemplados en la demanda referida, se contemplan entre otros aspectos que: "Soria sabe a ciencia cierta que lo manifestado no es cierto y que su actuaciones fueron hechas con una finalidad concreta de desprestigiar ante la sociedad a todos los funcionarios públicos y, en concreto, al colectivo docente, en definitiva culpabilizar a todos los docentes con carácter general, con clara intención de difamar a todo el colectivo atentando contra el honor y la imagen de los docentes".

A juicio del STEC-IC, las afirmaciones que con carácter general realiza sobre las Incapacidades Temporales de los funcionarios docentes están basadas en hechos inciertos y las mismas son tendenciosas, malintencionadas con un evidente carácter de zaherir, humillar e insultar de forma gratuita.

"Estas declaraciones generan descrédito social, atenta a la profesionalidad de mis representados, yendo más allá de cualquier crítica responsable máxime cuando por el puesto político que ocupa sabe, conoce o tiene medios para comprobar con detalle quién o quiénes actúan contrario a derecho, pero lo que no se puede es generalizar sus manifestaciones generando alarma social entre el colectivo que se siente desacreditado y desprestigiado ante la sociedad", dicen.

El STEC-IC pretende con esta demanda acabar, "de una vez por todas", con las constantes y reiteradas declaraciones públicas de máximos responsables del Gobierno de Canarias que "sólo buscan minar la imagen pública del profesorado y del conjunto de los empleados públicos de Canarias en aras de desviar la atención sobre los verdaderos problemas que aquejan a los Servicios Públicos y en concreto a la Educación Pública Canaria acosada por los reiterados recortes impuestos en los diferentes ámbitos públicos.