Denuncian a 45 personas por marisqueo ilegal e intervienen 450 kilos de moluscos desde enero

Funcionarios de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Huelva han denunciado desde principios de año a 45 personas por marisqueo ilegal en distintos puntos de la costa onubense, operaciones en las que han intervenido 28 artes de pesca y más de 450 kilos de coquinas, chirlas y longueirones, que fueron arrojados de nuevo al mar.

Según informó la Junta de Andalucía en un comunicado, en la campaña del control del marisqueo en coordinación con los servicios de Inspección Pesquera de la Junta, fue detenido el pasado 4 de abril el mariscador J.F.C., de 46 años y vecino de Punta Umbría, que de forma reiterada se negó a identificarse cuando los agentes se lo requirieron e incluso utilizó la fuerza, por lo que lesionó a un policía durante la actuación, cuyas diligencias se han remitido al Juzgado de Instrucción Número 3 de Huelva.

Durante los meses de enero a abril se ha llevado a cabo una campaña de control del marisqueo, tanto a pie como con embarcaciones por todo el litoral, especialmente en las playas del Espigón, Punta Umbría, La Bota, El Rompido, Punta del Moral e Isla Canela. Asimismo, los agentes han vigilado también la venta y comercialización de moluscos, por medio de inspecciones de vehículos, establecimientos de hostelería, centros comerciales y lonjas.

La Policía Autonómica, a través de su área de Pesca, lleva a cabo labores de vigilancia y control en materia de pesca marítima, marisqueo, acuicultura y comercialización de productos pesqueros. En colaboración con los servicios de Inspección Pesquera de la Junta, realiza campañas de verificación de tallas mínimas, taras de exceso de productos capturados, y cumplimiento de los periodos de veda y de las prohibiciones de marisqueo por riesgo en la salud pública. Para ello, los agentes disponen de varias embarcaciones, que son apoyadas en la línea de playa por patrullas terrestres en vehículos todoterreno.

El marisqueo ilegal contraviene la normativa autonómica en esta materia, que establece las épocas de veda de los distintos tipos de bivalvos, el cierre de zonas de producción por motivos de salud pública, y la prohibición de ejercer la actividad sin poseer la preceptiva autorización. Además, esquilma los bancos de moluscos y causa una bajada de los precios del producto.

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