El proyecto, que afecta a unos 30.000 productos químicos -desde los empleados en cosméticos hasta los de la industria del automóvil, pasando por los plásticos-, revoluciona la regulación actual al atribuir la carga de la prueba sobre su seguridad a la industria en lugar de a la administración pública.

Cumpliendo un pacto previo entre los grupos mayoritarios, Popular, Socialista y Liberal, el Pleno enmendó el texto para aliviar los requisitos de registro ante la futura Agencia Europea de aquellas sustancias con menor volumen de producción y menor riesgo potencial.

También redujo la cantidad de información que los fabricantes habrán de proporcionar a la autoridad reguladora europea y aumentó las exigencias de confidencialidad, algo que beneficia a las grandes compañías, reacias a compartir datos sobre sus sustancias innovadoras, pero que preocupa a las pequeñas y medianas empresas.

Industria española

Además, el pleno aprobó una enmienda que excluye del reglamento a sustancias particularmente empleadas por las industrias españolas del cemento, el acero y materiales de construcción, al considerar que ya se dispone de "suficiente información" sobre sus riesgos.

Es el caso del sector de las fritas-cerámicas -materiales empleados en la producción de azulejos y cerámicas- que cuenta con 21 empresas en Castellón (del total de 42 en la UE) y emplea a unas 5.000 personas en toda la Unión.

Sustancias peligrosas

Por lo que respecta a la autorización, el Pleno respaldó en cambio demandas más exigentes, pactadas por socialistas y verdes, que implican entre otras cuestiones que sólo habrá luz verde para sustancias peligrosas si no existen alternativas y con una vigencia máxima de cinco años, para incentivar el desarrollo de productos más seguros.

El objetivo de fondo de la propuesta es prevenir los efectos nocivos de los químicos sobre el medio ambiente y la salud, que científicos y ecologistas relacionan con el aumento de la incidencia del cáncer de mama, los tumores infantiles o el deterioro de la calidad del esperma de los europeos.

Pero la industria europea, líder mundial con 1,7 millones de empleos, en especial en Alemania, alerta de que los requisitos contemplados en la propuesta original le acarrearían un coste excesivo, les situaría en desventaja frente a EEUU o China, y propiciaría la deslocalización de las compañías europeas.

El reglamento pasará ahora al Consejo de ministros, donde la presidencia británica aspira a conseguir un acuerdo antes de fin de año. Si los Estados miembros no aceptan las enmiendas de la Eurocámara, será necesaria una segunda lectura del proyecto, lo que retrasará su adopción definitiva, previsiblemente, hasta el segundo semestre de 2006, según fuentes parlamentarias.