Los hechos sucedieron el 17 de febrero de 2003, cuando la afectada, técnico de menores del citado centro de Alicante, recibió un fuerte mordisco en uno de sus antebrazos que le produjo una lesión. La funcionaria reclamó una indemnización a la Generalitat Valenciana, que según el Tribunal Superior de Justicia deberá pagar 1.200 euros.