Las investigaciones se iniciaron a raíz de una primera intervención de la patrulla del SEPRONA del Viso del Marques, que detectó 'in fraganti', en San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real), a varias personas que se hallaban cargando en un camión de recogida de la Sala de Tratamiento y Comercialización más de 20 canales de reses de caza mayor (ciervos y jabalíes) evisceradas y congeladas con piel, las cuales carecían de los precintos acreditativos de la inspección sanitaria veterinaria 'post morten' que, preceptivamente, debe realizarse en la finca inmediatamente a la finalización de la cacería.

El traslado pretendía documentarse a la sala mediante dos certificados de inspección veterinaria, que resultaron falsos; al no haberse realizado la misma por ningún facultativo, ni proceder las reses de las cacerías y fechas que figuraban en los documentos; interviniéndose en poder del transportista y sin colocar los precintos que debían haberse colocado a las canales durante la inspección veterinaria, si se hubiese realizado.

Para la investigación documental y de precintos utilizados se contó con la colaboración de la Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social de Ciudad Real y del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real, según informa la Subdelegación del Gobierno.

Ante dichas irregularidades, el equipo de la sección del SEPRONA de la Comandancia de Ciudad Real realizó las pertinentes comprobaciones e investigaciones; y, tras las primeras pesquisas, se obtuvieron diversos indicios que apuntan que los hechos detectados son prácticas frecuentes en las que se ven involucradas en connivencia una sala de tratamiento y comercialización de carnes de caza de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) y una empresa de servicios veterinarios.

Salvar la restricción

Dicha empresa, dirigida por un veterinario dedicado al ejercicio libre de la profesión, se habría servido, en múltiples ocasiones, de otros compañeros; lo cual le resultaba imprescindible, pues debía salvar la restricción impuesta hace unos años por la Consejería de Salud y Bienestar Social, en virtud de la cual un veterinario no puede inspeccionar sanitariamente más de una cacería al día.

Se ha detectado un elevado número de certificaciones veterinarias falsas, muchas de estas se habrían expedido sin siquiera asistir el facultativo a la cacería, y en algunos casos, incluso sin saberlo el supuesto veterinario firmante, pues se suplantaba su identidad y firma, sin asistir tampoco en su lugar otro facultativo.

Un total de 17 de los detenidos son de la provincia, entre la capital y los municipios de Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, Albaladejo, Torrenueva y Brazatortas; mientras que otros dos detenidos son vecinos de Aranjuez (Madrid), otro de Fuente de Maestre (Badajoz) y otro de La Carolina (Jaén).

Los dos imputados son vecinos de Torre de Juan Abad y de Valdepeñas. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valdepeñas.