Según recoge el decreto de Fiscalía la programación realizada al paciente fue "correcta y conforme a los criterios médicos" y que no cabe concluir que por parte de los facultativos a cuyo cuidado se hallaba el paciente se hubiera incurrido en la inobservancia del deber del cuidado que las circunstancias imponían, por lo que "no cabe depurar responsabilidades penales".

El fallecimiento se produjo el día 8 de noviembre en el HUCA. El hombre había sido derivado al Hospital Central desde el centro hospitalario de Mieres donde le observaron una dilatación en la arteria Aorta.

La familia sostenía que "se simuló una operación para evitar responsabilidades", al considerar que la muerte pudo producirse "por un exceso de sedante u otra medicación administrada". "En cualquier caso, ya fuera a causa de la medicación o por no intervenir de urgencia cuando para eso fue derivado desde Mieres, se ha cometido una negligencia", señalaba en su momento.

No obstante, según indicaron los abogados de El Defensor del Paciente en Asturias la Fiscalía considera que "no hay indicios penales" aunque "deja abierta la puerta a otras responsabilidades".

Por ello, El Defensor del Paciente completará la historia clínica del fallecido y estudiará a fondo el caso para reclamar responsabilidades por la vía administrativa.