El sindicato lleva protestando un año por el reparto "injusto" que se hace de las plazas de aparcamiento en la sede judicial. Los aproximadamente 1.500 trabajadores de la Ciudad de la Justicia —1.200 funcionarios— sólo disponen de una plaza cada diez empleados, lo que provoca que "sólo una vez al mes en todo el año puedan utilizar el aparcamiento".

Sin embargo, los jueces, secretarios y ahora fiscales, "disfrutan casi permanentemente de esta comodidad, incluso durante su periodo vacacional y pese a que no lo utilizan". CSI·F recordó, en este sentido, que estos colectivos "perciben mayores ingresos y no están obligados a fichar, mientras que los funcionarios están obligados a cumplir un horario a 'rajatabla'".

Por todo ello, insistió en que se realice un reparto equitativo basado en criterios objetivos como son la distancia o el número de funcionarios que ocupan el vehículo a estacionar, entre otros, como ocurría en el antiguo edificio de los juzgados de Valencia.

Esta propuesta fue aprobada por la Junta de Personal en la que están representados CSI·F, UGT, SATJ, STAS y CCOO y en la que también se solicitó la creación de una comisión de Garaje con participación de todos los colectivos afectados y que se anule el acuerdo que ha dotado de privilegios a jueces, secretarios judiciales y, ahora, fiscales.