El edil recordó que este Tribunal, que se creó con la Ley de Grandes Ciudades, en 2004, "supone un paso previo para que cualquier ciudadano pueda reclamar un acto tributario, como multas, tasas o impuestos, por ejemplo, en una instancia propia municipal, antes de acudir al contencioso-administrativo".

En total, este año el Tribunal recibió 105 reclamaciones, de las que se han resuelto 95. En total, esta cifra de reclamaciones supone un incremento de un 95 por ciento sobre las recibidas en el año 2006, y un 25 por ciento más que las del ejercicio de 2008 "un incremento que tiene que ver con la crisis, pero, sobre todo, con el mayor conocimiento de la existencia de este instrumento".

Una de cada cuatro reclamaciones solucionadas, un 24 por ciento, se ha estimado "es decir, que se ha dado la razón al contribuyente". Otro 58 por ciento se han rechazado y un 16 por ciento no se han llegado a admitir por diversas razones. Del 58 por ciento de las que se han desestimado, según dijo Urquía, un 13 por ciento ha recurrido posteriormente a la vía judicial.

Entre los asuntos que más se han reclamados, las sanciones tributarias, como el tema de multas o el mal pago de tasas o impuestos, con un 23 por ciento del total; y las reclamaciones contra la tasa de utilización privativa de espacios, con un 21 por ciento, la nueva tasa que el Ayuntamiento ha impuesto a las empresas de telefonía móvil por sus instalaciones.

Estos dos conceptos, precisamente, también son los que más han aumentado en el número de reclamaciones en el último año respecto al anterior. En cuanto a la vía de reclamación, por actos de gestión recaudatoria en la vía ejecutiva, un 93 por ciento han sido en casos de multas.

En este caso, se advierte desde el Tribunal la situación creada por las empresas 'quita-multas' "que realizan una función carente de todo análisis jurídico y que se limitan a la presentación de escritos sin atención al acto reclamado", por lo que la mayoría de estas peticiones sobre multas son rechazadas.

El Tribunal está compuesto por tres juristas y un secretario "que ejercen su función de forma totalmente objetiva". Además del estudio y resolución de las reclamaciones, también asesora al Ayuntamiento en temas jurídicos diversos, como la compensación reclamada al Estado por el IBI de la AP-68, que ha supuesto el pago a las arcas municipales de 150.000 euros, o el informe que se elabora sobre las tasas e impuestos cada año.

"Es un buen instrumento que se está consolidando como un elemento de garantía para los ciudadanos en los aspectos tributarios, que los logroñeses deben conocer cada vez más porque es una garantía. Los resultados dan idea de que las cosas se hacen bien, y, cuando e da la razón a los ciudadanos, puede servir para cambiar alguna forma errónea de hacer las cosas", finalizó Urquía.