El ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo, reclamado por la Justicia estadounidense por delitos de corrupción y lavado de dinero, fue capturado este martes en las playas de Punta de Palma, en el departamento caribeño de Izabal. Colom aseguró que el ex gobernante "no se opuso"
El fiscal general de Guatemala, Amilcar Velásquez, dijo a medios locales que el ex gobernante (2000-2004), que se encontraba prófugo, fue detenido durante un registro realizado por las fuerzas de seguridad en una residencia. "Las investigaciones nos llevaron hasta el lugar donde fue encontrado.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, aseguró que el ex gobernante (que estuvo en el poder desde el año 2000 a 2004) "no se opuso" y que "se le garantizará que sea sometido al debido proceso" así como su seguridad personal. Añadió que su detención "es un mensaje positivo" para este país centroamericano con altos niveles de impunidad porque "demuestra que ningún ciudadano está sobre la ley".
El Gobierno más corrupto
Portillo, cuyo Gobierno es considerado como el más corrupto en la historia reciente de Guatemala, es reclamado por la Justicia de EE UU, que le acusa de haber utilizado el sistema bancario de ese país para lavar dinero procedente del erario público. Los delitos podrían conllevar una pena de hasta 20 años de prisión
El ex mandatario, que estaba en libertad bajo fianza, es acusado por la Fiscalía Federal de Manhattan por delitos de lavado de dinero que podrían conllevar una pena de hasta 20 años de prisión. Si se le halla culpable también tendría que pagar una multa.
"Se acusa a Alfonso Portillo de convertir la oficina de la Presidencia de Guatemala en su cajero automático personal", explicó el fiscal Preet Bharara, quien destacó asimismo que el ex mandatario traicionó "la confianza del pueblo de su nación" con la ejecución de varios sistemas con los que malversó millones de dólares.
"Esto ha sido una persecución desde antes que yo entregara el poder, es una conspiración en contra mía", dijo Portillo, al explicar que fue detenido por agentes del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que dirige el magistrado español Carlos Castresana.
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