La moción, recogida por Europa Press, está firmada por los portavoces de PSOE y PP, Fernando González y Silvestre Castell, respectivamente, y por el concejal no adscrito. En ella se da cuenta de la sentencia del juzgado de lo Social número ocho que condena a la tercera teniente de alcalde, así como al propio Ayuntamiento, a cesar su "actitud acosante" sobre la psicóloga municipal.

La sentencia

El fallo, recogido por Europa Press, rememora que esta psicóloga y una educadora social, igualmente, elevaron una demanda ante el Juzgado de lo Social número diez por la rebaja de su jornada laboral de 35 a 26,15 horas con la consiguiente reducción de sus salarios, toda vez que se trataba de "las únicas trabajadoras" afectadas por este recorte de jornada laboral aplicado por el Consistorio, finalmente condenado en octubre de 2009 por sentencia firme a reponer las condiciones laborales de las demandantes.

En paralelo, recoge la sentencia del Juzgado de lo Social número ocho que desde la incorporación de María Inmaculada Cordero Pérez a sus responsabilidades de gobierno tras las elecciones municipales de 2007, ha emitido "juicios de valor negativos" sobre el trabajo de la psicóloga, además de "sustraerle tareas que le eran propias" y de dejar de convocar "reuniones a las que era precisa su asistencia". Este extremo, según los hechos probados, era conocido por el alcalde, quien no impulsó "medida alguna para evitar" la "merma de la calidad laboral" de la trabajadora y el "perjuicio para la salud" que sufría.

De hecho, el 9 de marzo de 2009 la psicóloga causó baja por contingencias comunes, —situación que hoy día mantiene—, al sufrir "llanto incontenido, trastornos de concentración, taquicardias, elevada ansiedad y autoestima muy baja". Dado el caso, le fue diagnosticado un trastorno adaptativo mixto con síntomas ansioso y depresivos siendo el causante del mismo "el componente laboral".

Condena e indemnización

Tras el juicio, el Juzgado de lo Social número ocho declara "vulnerado" el derecho de esta trabajadora a la integridad física y moral y condena al Ayuntamiento y a la concejal María Inmaculada Cordero Pérez (IU-CA) a cesar la "actitud acosante" sobre la demandante, a la que tendrán que indemnizar con 11.970 euros.

Dado el caso, la oposición destaca "el estupor y la vergüenza" que para el municipio supone esta sentencia, por lo que reclaman en su moción el cese o destitución de la concejal en cuestión, así como que ella y el alcalde abonen de sus propios bolsillos la mencionada indemnización.