La Fiscalía ha pedido una condena de cinco años de cárcel para el acusado de facilitar el teléfono de su ex novia a varios vecinos del municipio andaluz de Priego de Córdoba, haciéndoles creer que era prostituta. El Ministerio Público lo acusa además de un delito de violencia doméstica y otros dos de amenazas.
El acusado colocó un gato negro degollado en el parabrisas del coche de la mujer y dejó otro animal muerto en su casa En la calificación provisional, el fiscal relata que el acusado, un hombre de 68 años, mantuvo durante catorce años una relación sentimental con la mujer, madre de dos hijos, que, "tras constantes desavenencias", decidió romper con él en agosto de 2007. Desde entonces, el acusado "no ha dejado de molestar" a su ex novia y, concretamente, el fiscal detalla que el hombre "furioso y con el ánimo de humillarla" facilitó su número a vecinos del pueblo haciéndoles creer que era prostituta, tras lo cual la mujer tuvo que cambiar de teléfono por las llamadas que recibía.
Además, el acusado le colocó un gato negro degollado en el parabrisas del coche de la mujer y dejó otro animal muerto en su casa. El hombre también colgó un cartel en el coche de su ex novia en el que se leía: "derechos de la mujer: poner zapatillas y cuernos a pares", además de otras humillaciones y en el que volvía a adjuntar el teléfono de su ex novia.
La mujer se encuentra en tratamiento psiquiátrico Tras lo sucedido, la mujer, "aterrada", "no aguantó más" y denunció a su ex novio a la Guardia Civil y solicitó una orden de alejamiento. El Ministerio Público recuerda que la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) ha emitido un informe en el que consta que la víctima, a consecuencia de la situación de malos tratos que viene sufriendo por el acusado, presenta un "trastorno adaptativo" por lo que es conveniente que se someta a un tratamiento psiquiátrico o psicológico.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de violencia doméstica habitual y de otros dos de amenazas, por lo que solicita para el acusado penas que suman cinco años de cárcel y la prohibición de acercarse a la víctima en menos de 500 metros ni al pueblo durante once años.
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