El alcalde de Barcelona, Joan Clos, ha presentado el anteproyecto de la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia que dotará al consistorio de mecanismos para hacer efectivas las sanciones impuestas a los infractores que no residan en la capital, incluidos los extranjeros.
Joan Clos ha explicado en rueda de prensa que esta normativa, que se prevé entrará en vigor en enero, será el instrumento, "precursor" en toda España, con el que el ayuntamiento pretende controlar a los ciudadanos incívicos.
Clos ha querido dejar claro que no quieren prohibir la prostitución, ni hacer un juicio ético sobre la misma, sino que pretenden mejorar la convivencia en las zonas en las que se registra una concentración de estas prácticas, con multas de hasta 600 euros.
"No podemos tolerar que haya mafias del Este dedicadas a la prostitución que impunemente tengan a chicas trabajando en cuatro o cinco lugares", ha añadido el alcalde quien ha explicado, no obstante, que las cuestiones relacionadas con esta actividad en la calle están todavía a debate en el grupo de trabajo.
Otro aspecto novedoso de la nueva norma es la puesta en marcha de un procedimiento rápido de medidas cautelares para poder hacer efectivas las multas que se impongan por falta de civismo a quienes no residen en Barcelona, y "que hasta ahora se libraban de pagar".
Multas de hasta 1.500 euros para los limpiaparabrisas
La mendicidad agresiva, incluida la que realizan los limpiaparabrisas, podrá ser sancionada con multas de entre 120 y 1.500 euros, mientras que la compra y venta callejera ilegal supondrá multas de entre 125 a 500 euros tanto para los vendedores como para clientes, a la vez que prevé la posibilidad de que la Guardia Urbana puedan realizar decomisos del género.
Prohibido beber en la calle
La ordenanzas prohibirán el consumo de alcohol en la calle -menos en terrazas y determinas fiestas- y esta práctica se sancionará con multas de entre 30 y 1.500 euros, con la posibilidad de hacer responsables a los padres de los menores que incumplan esta norma.
Hacer las necesidades fisiológicas (orinar, defecar, escupir, vomitar u otras) en la vía pública, especialmente en las zonas más transitadas de la ciudad costará entre 300 y 1.500 euros, mientras que se pagarán de 120 a 3.000 euros por practicar algunos juegos (monopatines), hacer acrobacias, o apuestas de azar (trileros) en el espacio público.
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