Juana ha construido un 'refugio' prefabricado en el corazón de Madrid y desde hace 5 meses habita y bloquea parte de la entrada de un inmueble del Ministerio de Justicia.

El objetivo es que, precisamente, la Justicia desbloquee su caso. La calle ha sido el último recurso de una dilatada lucha jurídica que arrancó el 3 de julio de 1989, día en que su hijo Antonio Meño sufrió un coma irreversible por una supuesta negligencia médica tras someterse a una operación estética de nariz en una clínica privada madrileña. El fin de su vida coincidió con el infierno de sus padres.

La primera sentencia señalaba que el especialista extubó
al paciente antes de
que recuperase la respiración espontáneaEl proceso judicial arrancó con una resolución favorable. El Juzgado de Instrución nº19 de Madrid responsabilizó al anestesista del coma irreversible de Antonio y le obligó a sufragar su manutención.

La sentencia recogía que el especialista había extubado al paciente antes de que recuperase la respiración espontánea. Le sobrevino un vómito y "ante la falta de reflejos lo aspiró vía aérea y le provocó un broncoespasmo que le dejó sin oxígeno".

La satisfacción duró poco. El anestesista interpuso un recurso, la Audiencia Provincial lo absolvió y la víctima quedó sin indemnización. Agotada la vía penal, los padres de Antonio estudiaron la vía civil. El Constitucional y el Supremo desestimaron los recursos de los Meño y fueron condenados a pagar las costas de un vasto proceso judicial que ascendían a 400.000 euros.

"Aberraciones jurídicas"

La Fundación Justicia Responsable e Independiente se hizo eco del caso y su presidente, Luis Bertelli, decidió intervenir de forma altruista hace un año para intentar corregir la "secuencia de aberraciones jurídicas que se han sucedido en este proceso".

Bertelli mantiene en la actualidad tres causas abiertas contra sentencias y personas involucradas en el procedimiento: El Tribunal Superior de Madrid ha admitido a trámite una demanda de responsabilidad civil contra los cuatro jueces que intervinieron en el proceso civil al considerar que la "familia fue perdiendo instancias por errores secuenciales de los magistrados".

Uno de los demandados es la jueza que solicitó el embargo de los bienes de la familiaUno de los demandados es la jueza que solicitó el embargo de los "escasos bienes" que poseen Juana y su marido para hacer frente a las costas, y contra ella también se ha interpuesto un pleito judicial por tomar esta decisión mientras es investigada.

Pero, sobre todo, Bertelli espera impaciente la respuesta del Congreso de los Diputados a una petición formal en la que solicita que se investigue por qué el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha rechazado analizar el caso Meño sin examinar la documentación entregada.

La familia pidió la intervención de la justicia internacional al considerar que en España se había vulnerado su derecho a un proceso justo. "Las Cortes deben proteger a sus ciudadanos de las violaciones de los Tratados internacionales y la Justicia española deberá reponer los errores jurídicos sistemáticos que han dirigido el caso Meño", sentencia Bertelli.

"No me quedan fuerzas"

La idea inicial era acampar en una sencilla tienda de campaña. Sin embargo, la familia de Juana pensó en el invierno, el frío y la inseguridad callejera y se decidió por una construcción de dos estancias, elevada del suelo por palés, plastificada y aislada con moqueta.

Antonio ocupa el cuarto principal del 'inmueble', y Juana duerme en la otra habitación. Sus hermanas le lavan la ropa, le cocinan, varios vecinos les ceden sus baños y, paradójicamente los guardias jurados del Ministerio de Justicia vigilan la cabaña de los Meño. "No me quedan fuerzas, pero resistiré", matiza.